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Sobre el plazo para formular oposiciones en el trámite notarial de convocatoria a junta general de accionistas

Alejandro Tafur Coronel Zegarra

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociado del área corporativa del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.


  1. Marco general de la convocatoria notarial a junta general de accionistas

El 16 de julio de 2010 se publicó la Ley No. 29560, que amplía la Ley No. 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos (en adelante, la “LCN”), a fin de incorporar nuevos asuntos no contenciosos a la competencia notarial, incluyendo la convocatoria a junta general de accionistas. El trámite notarial de convocatoria a junta se regula en los artículos 53 al 57 de la LCN.

Conforme al artículo 53 de la LCN y a los artículos 117 y 119 de la Ley General de Sociedades, el procedimiento de convocatoria notarial a junta general procede cuando el órgano social encargado de la convocatoria no la haya efectuado, pese a haberlo solicitado el mínimo de accionistas o socios que señala la ley, y se haya vencido el plazo legal para ello. En el caso de la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto, la convocatoria notarial procede si la junta no es convocada dentro del plazo establecido y para sus fines, o si en ella no se tratan los asuntos que corresponden.

En los supuestos señalados, los accionistas o socios pueden solicitar la convocatoria a junta general en la vía notarial, para lo cual es aplicable el siguiente procedimiento (arts. 54 al 57 de la LCN):

  1. El o los solicitantes presentan la solicitud de convocatoria ante el notario, a la cual deben acompañar: (i) el documento que acredite su condición de socio o accionista, y (ii) la copia del documento donde se expresa el rechazo a la convocatoria o la copia de la carta notarial enviada al directorio o la gerencia, según sea el caso, solicitando que se celebre la junta general.
  • El notario ordena la publicación del aviso de convocatoria con las formalidades del artículo 116 de la Ley General de Sociedades.
  • El notario encargado de la convocatoria da fe de los acuerdos tomados en la junta, levantando un acta de esta. En caso de que el libro de actas correspondiente no se ponga a disposición del notario, este debe protocolizar el acta en su Registro Notarial de Asuntos No Contenciosos.

Varios aspectos de la regulación sobre la convocatoria notarial a junta pueden ser objeto de críticas[1], pero para fines de este artículo me detendré únicamente en el plazo para formular oposiciones en el trámite de convocatoria notarial. Para ello, primero explicaré de manera general la regulación sobre la oposición en los trámites notariales no contenciosos y, posteriormente, me referiré específicamente al plazo para la formulación de oposiciones en el procedimiento de convocatoria notarial a junta general.

  1. Fundamentos de la oposición en los trámites notariales no contenciosos

La regla general en los asuntos no contenciosos tramitados ante un notario es que, de existir oposición en el trámite notarial, el notario pierde competencia y debe remitir los actuados al juez correspondiente (art. 6 de la LCN):

Artículo 6.- Es requisito indispensable el consentimiento unánime de los interesados. Si alguno de ellos, en cualquier momento de la tramitación manifiesta oposición, el notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al juez correspondiente, bajo responsabilidad”.

Además, para el caso específico del trámite de convocatoria a junta, el artículo 57 de la LCN establece lo siguiente:

Artículo 57.- En caso de tramitarse la convocatoria y presentarse la oposición de uno o más socios titulares de participaciones y acciones con derecho a voto o de la misma sociedad, el notario tiene la obligación de remitir lo actuado al juez competente”.

El fundamento de las normas citadas son los artículos 138 y 139 de la Constitución Política del Perú[2], los cuales establecen que la función jurisdiccional corresponde únicamente al Poder Judicial y, por excepción, al arbitraje y a la justicia militar. Por ello, solo el Poder Judicial –y, excepcionalmente el arbitraje y la justicia militar– pueden resolver procesos contenciosos (aquellos en los que hay un “conflicto litigioso de intereses”[3]).

En consecuencia, en caso un trámite inicialmente no contencioso se tornase contencioso (por haberse formulado una oposición), el procedimiento debe seguirse ante un juez y no ante un notario.

  1. Plazo para formular oposición en el trámite notarial de convocatoria a junta

Conforme a lo anterior, es claro que los interesados pueden plantear oposiciones en un trámite notarial no contencioso y que, ante la formulación oportuna de dichas oposiciones, el notario debe suspender su actuación. La oportunidad en la que las oposiciones son formuladas es fundamental para determinar sus efectos respecto del trámite en curso.

En efecto, no sería razonable que las oposiciones puedan ser planteadas en cualquier momento durante el trámite, o incluso luego de concluido el procedimiento, pues de lo contrario no existiría certidumbre ni predictibilidad con relación al mismo.

Sobre el particular, en muchos de los asuntos no contenciosos de competencia notarial, la LCN establece la obligatoriedad de que el notario efectúe publicaciones y luego espere un determinado plazo antes de continuar con el trámite, a fin de que los interesados pueden presentar sus oposiciones. Por ejemplo, en los procedimientos de sucesión intestada y unión de hecho la LCN fija un plazo de 15 días útiles desde la publicación de la solicitud de inicio del trámite para que los interesados puedan oponerse. Por su parte, en los procedimientos de rectificación de partidas y patrimonio familiar se regula un plazo de 10 días útiles después de efectuada la publicación de la solicitud de inicio del trámite.

Un elemento común en todos estos procedimientos es que la ley regula un plazo de espera desde el momento en que se efectúan las publicaciones. La lógica detrás es que las publicaciones permiten a los interesados tomar conocimiento del trámite, lo que a su vez les permitiría oponerse. Naturalmente, si un interesado tomase conocimiento de la solicitud antes de que se efectúen las publicaciones, también podría formular oposición.

Sin embargo, en el caso del trámite de convocatoria notarial a junta, la LCN no fija un plazo para que los interesados planteen sus oposiciones, aunque en el artículo 57 menciona expresamente la posibilidad de que los titulares de acciones o participaciones con derecho a voto y la sociedad se opongan. Por lo tanto, la norma es deficiente en este extremo, ya que deja a criterio del intérprete la determinación de cuándo una oposición fue oportunamente formulada. Ante la ausencia de norma, existen por lo menos dos posiciones posibles:

  1. Primera posición: Solo pueden plantearse oposiciones hasta antes de que se publiquen los avisos de convocatoria. Esta posición se sustenta principalmente en dos razones:
  • La finalidad del trámite notarial es que se convoque a junta. Si ya se publicaron las convocatorias, no existe un trámite que se pueda suspender y, por tanto, no hay motivo para que se formulen oposiciones.
  • El propósito de la LCN es dar celeridad a la tramitación de ciertos asuntos no contenciosos, permitiendo que estos puedan ser llevados ante un notario en lugar de ante un juez. En ese sentido, la interpretación de la ley que más se ajusta a su finalidad es aquella que reduce las posibilidades de que se formulen oposiciones, las cuales entorpecen el trámite notarial y obligan a recurrir a la vía judicial.
  • Segunda posición: Pueden plantearse oposiciones en cualquier momento hasta la celebración de la junta. Esta posición se sustenta principalmente en tres razones:
  • Los demás accionistas o socios solo toman conocimiento del trámite notarial con las publicaciones de los avisos de convocatoria. Antes de dichas publicaciones, es sumamente difícil que los demás accionistas o socios conozcan la existencia de un trámite notarial en curso y que puedan oponerse. En ese sentido, interpretar que las oposiciones solo pueden formularse hasta antes de las publicaciones implicaría en los hechos que los demás accionistas o socios prácticamente jamás puedan oponerse, lo cual sería inconsistente con los artículos 6 y 57 de la LCN.
  • La LCN no fija el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el notario recibe la solicitud de convocatoria y manda a publicar los avisos. Por lo tanto, dicho plazo podría ser, en los hechos, de unos pocos días. Esto, nuevamente, implicaría que la oposición de los demás accionistas o socios fuese sumamente complicada.
  • El artículo 56 de la LCN establece que el notario que convocó a la junta debe asistir a ésta para dar fe de los acuerdos que se adopten y levantar el acta correspondiente. Por lo tanto, el procedimiento notarial de convocatoria no culmina con las publicaciones, ya que el notario debe luego asistir a la junta y levantar el acta. En ese sentido, el notario podría suspender su actuación en cualquier momento hasta antes de la junta, de presentarse una oposición.

En la medida de que la LCN no establece un plazo para formular oposiciones, y de que el procedimiento notarial no concluye hasta la celebración de la junta y levantamiento del acta, opino que la posición más razonable es la segunda. La primera posición implicaría que un notario pueda recibir oposiciones luego de publicados los avisos de convocatoria, ignorar dichas oposiciones y asistir de todas formas a la junta para dar fe de los acuerdos, levantando el acta correspondiente. Esto último parece contrario al espíritu de los artículos 6 y 57 de la LCN, que buscan limitar las posibilidades de que un notario se involucre en un asunto que se torna contencioso.

A mayor abundamiento, es importante tener en cuenta que la Corte Suprema resolvió, en la Casación No. 3579-2013 del 3 de enero de 2014, que las oposiciones podían formularse en cualquier momento del trámite notarial (incluyendo de manera posterior a la publicación de los avisos de convocatoria):

“al respecto se debe señalar que (…) los accionistas tienen derecho a presentar sus mociones, desde el día de la publicación de la convocatoria, por cuanto es a partir de la publicación que toman conocimiento de la convocatoria y pueden oponerse, criterio que además guarda relación con lo previsto en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades. En ese sentido, resulta lógico que las oposiciones se formulen, posteriormente a la publicación de la convocatoria, lo contrario implicaría, la transgresión al derecho de defensa de los accionistas, pues se les restringiría el derecho a oponerse. Debe agregarse que el proceso de convocatoria previsto en la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos contiene tres partes: i) Solicitud (artículos 53 y 54 de la Ley), ii) Publicación (artículo 55 de la Ley), y iii) Protocolización de lo actuado (artículo 56 de la Ley), previendo en el artículo 57 que en caso de oposición deben remitirse los actuados al Juzgado competente; de lo expuesto se desprende que ante las oposiciones que se formulen a la convocatoria el notario debe suspender el procedimiento y remitir lo actuado al Juez competente”.

Si bien esta sentencia ayuda a orientar la interpretación de la norma, lo cierto es que no se trata de un precedente vinculante y la incertidumbre al respecto se mantiene. Por lo tanto, con la finalidad de evitar controversias futuras y de dotar al trámite de convocatoria notarial de una mayor utilidad y predictibilidad, es recomendable que se modifique la LCN a fin de regular un plazo para la formulación de oposiciones en este procedimiento. Mientras tanto, seguirán existiendo posiciones encontradas sobre el particular.


[1] Véase, por ejemplo, SALAS SÁNCHEZ, Julio. “El nuevo régimen de convocatoria a la Junta General de Accionistas, a solicitud de accionistas minoritarios”. En: Ius Et Veritas, número 41. Lima: 2010; y, GONZÁLES LOLI, Jorge Luis. “Convocatoria notarial a junta general de accionistas y otras juntas societarias. ¿Es necesaria una reforma que la haga realmente útil para el Derecho Societario?”. En: La Ley General de Sociedades. Estudios y comentarios a veinte años de su vigencia. Primera edición. Gaceta Jurídica. Lima: 2018.

[2]     Artículo 138 de la Constitución. – La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (…).

Artículo 139 de la Constitución. – Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación (…).

[3]     HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Procesos no contenciosos. Doctrina y jurisprudencia”. Segunda edición. Gaceta Jurídica. Lima: 2004. Pg. 16.

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