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¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?: ENCRUCIJADA DE LA SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE COBERTURA EN SEGUROS POR FALTA DE PAGO DE PRIMAS EN VISTA DEL OFICIO N° 50010-2015-SBS

Fátima del Rosario Vega Pinedo

Abogada por la Universidad de Lima. Asociada de ADV Editores. Actualmente es Abogada Asociada en el Área de Competencia y Propiedad Intelectual del Estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados. Posee experiencia en la absolución de consultas en protección al consumidor y materia de seguros, participación en procedimientos administrativos sancionadores de protección al consumidor seguidos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y ante la Defensoría del Asegurado (DEFASEG). Se encuentra cursando su Especialización de Derecho Corporativo por la Universidad ESAN.


Sumilla: El presente artículo busca abordar el tratamiento que da Indecopi a los casos sobre la suspensión y extinción de cobertura en seguros por falta de pago de primas.

En los últimos tiempos se ha vuelto recurrente que los asegurados se encuentren con la siguiente situación: haber adquirido un seguro, y luego, descubrir que no cuentan con la protección que creían tener debido a la falta de pago de las primas acordadas. Este escenario ha llevado a un creciente número de denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), quien finalmente decide iniciar procedimientos administrativos sancionadores contra las aseguradoras bajo una supuesta infracción del deber de idoneidad—regulado en el artículo 18° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Codeco).

Lo que resulta interesante de ese tipo de procedimientos, es que algunos órganos resolutores del Indecopi han venido aplicando un criterio excesivamente proteccionista en relación con la correcta aplicación de los artículos 21° y 23° de la Ley N° 29946, Ley de Contrato de Seguros (en adelante, la Ley de Contrato de Seguros); enfoque que diverge respecto a otros órganos resolutores, quienes resuelven  en base al Oficio N° 50010-2015-SBS emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante, la SBS). En este breve artículo, exploraremos esta disparidad de criterios.

I. Cuestiones preliminares

Antes de adentrarnos en el análisis de la controversia en cuestión, es fundamental recordar que el deber de idoneidad, tal como se establece el artículo 18° del Codeco[i], debe ser interpretado como la adecuación entre las expectativas del consumidor con respecto a un producto o servicio y lo que efectivamente recibe. Esto implica considerar las garantías legales, implícitas y explícitas; siendo que las primeras derivan de las normas aplicables, las segundas se basan en los fines y usos previsibles del bien o servicio, y las últimas se refieren a la información proporcionada por el proveedor.

Pues bien, en un contrato de seguro[ii], la principal obligación de las aseguradoras es cumplir con el pago de la indemnización acordada tras la ocurrencia del siniestro, siempre y cuando este se ajuste a los riesgos cubiertos por el contrato y no esté sujeto a alguna exclusión. Es esencial señalar que la delimitación de las obligaciones de las aseguradoras y asegurados, derivan de las cláusulas contractuales y las normas legales que rigen el sistema de seguros.

Por lo tanto, al analizar la idoneidad en el ámbito de los seguros, es crucial verificar si se ajusta a los parámetros establecidos en el contrato y la normativa. En ese sentido, existe una carga procesal de las aseguradoras en sustentar y demostrar que no tiene responsabilidad en la falta de idoneidad de los servicios que ofrece, ya sea cumpliendo con las normas pertinentes o demostrando la existencia de circunstancias ajenas que lo eximen de responsabilidad.

Ahora bien, en el marco de los contratos de seguros, los asegurados también tienen sus propias obligaciones, como lo es: el pago de la prima en la cantidad y fecha pactada al momento de la contratación del seguro. La prima—en este contexto—representa la retribución debida por el contratante hacia la empresa aseguradora. Esta retribución se justifica porque, “a través del contrato celebrado, la aseguradora se compromete a otorgar cobertura a los riesgos asegurados, es decir, asume la responsabilidad de trasladar o asumir las consecuencias económicas derivadas de posibles siniestros”[iii].  En este sentido, la aseguradora asume la obligación de proporcionar cobertura, y el asegurado asume la obligación de cumplir con el pago de la prima correspondiente.

II. Sobre el procedimiento que deben aplicar las aseguradoras frente al incumplimiento del pago de primas

El incumplimiento en el pago de la prima—tal como se establece en los contratos de seguro—puede dar lugar a la suspensión o extinción de la cobertura, lo cual, puede afectar la protección que todo asegurado espera obtener de una aseguradora. Por lo tanto, el pago puntual de la prima es un aspecto crucial de la relación entre el asegurado y la compañía de seguros.

Pues bien, es importante destacar lo establecido en los artículos 21° y 23° de la Ley del Contrato de Seguro, los mismos que se han visto inmersos en una compleja controversia legal que gira en torno a su interpretación, ya que estos regulan la suspensión de la cobertura debido a la falta de pago de prima y las circunstancias que permiten la terminación de la relación contractual:

Artículo 21°. – Suspensión de la cobertura por incumplimiento de pago.

El incumplimiento de pago establecido en el Convenio de Pago origina la suspensión automática de la cobertura del seguro una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de vencimiento de la obligación, siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. Para tal efecto, el asegurador deberá comunicar de manera cierta al asegurado a través de los medios y en la dirección previamente acordada, el incumplimiento del pago de la prima y sus consecuencias, así como indicar el plazo de que dispone para pagar antes de la suspensión de la cobertura del seguro. El asegurador no es responsable por los siniestros ocurridos durante el período en que la cobertura se mantiene suspendida.  (…)  Si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato queda extinguido.

(…)

Artículo 23°. – Resolución del contrato por falta de pago.

En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas, el asegurador puede optar por la resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos en tales circunstancias

El contrato de seguro se considera resuelto en el plazo de treinta (30) días contados a partir del día en que el contratante recibe una comunicación escrita del asegurador informándole sobre esta decisión”.

Al respecto, la interpretación que ha desarrollado la Sala Especializada en Protección al Consumidor[iv] (en adelante, la Sala) sobre la suspensión y extinción de las coberturas, es la siguiente:

  • El artículo 21° de la Ley del Contrato de Seguro obliga a las aseguradoras—en caso no se haya convenido un plazo adicional distinto—a comunicar la suspensión de cobertura al asegurado ante cualquier incumplimiento en el pago de la prima. Dicha comunicación debe incluir el plazo que el asegurado tiene para cancelar las primas impagas antes de que la suspensión de la cobertura entre en vigencia, el cual es generalmente de 30 días a partir del vencimiento de la obligación de pago.
  • Se plantea un escenario particular: si la compañía aseguradora no requiere el pago de la prima en los 90 días siguientes al plazo otorgado para iniciar la suspensión de la cobertura, el contrato se considera extinguido; siempre y cuando la aseguradora haya cumplido con comunicar la suspensión al asegurado.
  • Por otro lado, establece que en situaciones en las que la cobertura se encuentra suspendida debido a la falta de pago de primas, las aseguradoras tienen la facultad de resolver el contrato dentro de un período de 30 días, contados desde el día en que el contratante recibe una comunicación escrita que informa sobre dicha decisión, ello, de conformidad con el artículo 23° de la Ley del Contrato de Seguro.

Del criterio de la Sala, conviene precisar un aspecto importante que se desprende es la necesidad de que las comunicaciones relativas a la suspensión o extinción del contrato sean certeras y generen certeza de que el incumplimiento del pago realmente ha ocurrido. Además, se subraya que la extinción del contrato no solo está vinculada al hecho de que la aseguradora no reclame el pago de la prima, sino también al transcurso de 90 días a partir del inicio de la suspensión de la cobertura.

Ahora bien, es relevante tener en cuenta que el criterio de la Sala no es compartido en su totalidad por algunos Órganos y Comisiones del Indecopi[v]—como la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 del Indecopi— quienes, respecto al procedimiento de suspensión de la cobertura y resolución del contrato de seguro establecen lo siguiente:

  • Las aseguradoras están obligadas a notificar al titular del seguro sobre el incumplimiento en el pago de las primas y sus implicaciones, así como el plazo disponible para realizar el pago antes de que se suspenda la cobertura del seguro.
  • Posteriormente, pueden optar por resolver el contrato de seguro, y para ello, debe enviar una comunicación al titular del seguro, con efecto a partir de los 30 días posteriores a su recepción.
  • El artículo 21° de la Ley del Contrato de Seguro contempla la posibilidad de que el contrato de seguro se extinga si la compañía aseguradora no exige al contratante el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo, sin estar obligada a notificar al asegurado sobre el incumplimiento y la subsiguiente suspensión.

Esta última interpretación encuentra respaldo en el Oficio 50010-2015-SBS del 31 de diciembre de 2015, emitido por la SBS en respuesta a una consulta formulada por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros.

III. Conclusiones

    La controversia, que gira en torno a la interpretación y aplicación de los artículos 21° y 23° de la Ley de Contrato de Seguros, plantea cuestiones legales y prácticas significativas en el sector de seguros en Perú. Por un lado, los asegurados pueden verse afectados por la divergencia interpretativa, ya que la extinción del contrato puede tener implicaciones sustanciales en su cobertura. Por otro lado, las compañías aseguradoras deben lidiar con la incertidumbre legal que rodea esta disputa y los riesgos financieros que conlleva. En consecuencia, se hace evidente la necesidad de abordar esta controversia con detenimiento y de buscar soluciones que aporten claridad y seguridad jurídica tanto a las aseguradoras como a los asegurados.

    Con respecto a mi posición, comparto la opinión de algunos órganos resolutivos del Indecopi, en el sentido de que no es necesario el envío de una comunicación previa de suspensión al asegurado para extinguir luego de 90 días una póliza por falta de pago de prima; no obstante, lo cierto es que, los parámetros interpretativos establecidos en el Oficio 50010-2015-SBS constituyen normativa de rango inferior a la Ley del Contrato de Seguro; conforme a ello, es que la mayoría de los órganos resolutivos en el Indecopi, en lo que podría describirse como una perspectiva protectora, han interpretado de manera más amplia los artículos 21° y 23° de la Ley de Contrato de Seguros, favoreciendo a los consumidores y dando lugar a multas significativas contra las aseguradoras.

    Es importante aclarar que este artículo tiene un propósito exclusivamente explicativo, a efectos de asegurar la predictibilidad de las decisiones y promover la consistencia en la interpretación de la normativa, es esencial que se inicie un proceso de unificación de criterios en esta materia.


    Bibliografía:

    [i]         Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor

    Artículo 18.- Idoneidad

    Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

    La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

    Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

    [ii]          Ley del Contrato de Seguro – Ley N° 29946  

    Artículo 1. Definición

    El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

    [iii]          ORTEGA PIANA, M. (2015). Pago de la Prima y Subsistencia del Contrato de Seguro. IUS ET VERITAS, 24(50), 134-152. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/14810

    [iv]          INDECOPI, 2022, Expediente 1407-2022/SPC-APELACION, Resolución Final del 13 de diciembre de 2022.

                INDECOPI, 2021, Expediente 0005-2021/SPC-APELACION, Resolución Final del 16 de agosto de 2021.

                INDECOPI, 2019, Expediente 1575-2019/SPC-APELACION, Resolución Final del 21 de octubre de 2019.

                INDECOPI, 2017, Expediente 1379-2017/SPC-APELACION, Resolución Final del 1 de diciembre de 2017.

    [v]           INDECOPI, 2023, Expediente 1538-2022/CC1, Resolución Final del 22 de marzo de 2023.

                INDECOPI, 2022, Expediente 1163-2021/CC1, Resolución Final del 3 de febrero de 2022.

                INDECOPI, 2022, Expediente 0010-2022/CPC-INDECOPI-TAC, Resolución Final del 18 de abril de 2022.

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