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Los bonos verdes y los bonos de carbono. Conceptos y diferencias.

Rocío Gordillo Soto

Asociada Principal del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Se especializa en Derecho corporativo, Derecho de mercado de valores y Derecho bancario y financiero. Cuenta con amplia experiencia en operaciones de estructuración y emisión de instrumentos de deuda y capital, financiamiento, fondos de inversión, titulización y fondos mutuos. Rocío ha participado en la estructuración de complejos instrumentos bancarios de entidades locales e internacionales. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2012 y Master of Laws (LL.M.) por la University College London en 2019.


Sumilla

El cambio climático ha generado que se desarrollen iniciativas de resiliencia climática en varios frentes, incluyendo el mercado financiero y de inversión. El Acuerdo de Paris, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a por debajo de – al menos – dos grados centígrados, sentó también las bases, luego del Protocolo de Kyoto, para que se generen esfuerzos de los países y del mercado en general para promover el desarrollo sostenible y buscar la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este contexto, se enmarcan conceptos como los bonos verdes y los bonos de carbono, los cuales, a pesar de que son cada vez más populares, pueden ser confundidos entre sí o creerse que son similares. Sin embargo, como trataremos de explicar en este artículo, dichos conceptos son totalmente diferentes, siendo que los únicos que son realmente valores mobiliarios representativos de deuda, son los bonos verdes.

Bonos Verdes

Los bonos verdes son definidos por la International Capital Markets Association (ICMA) como cualquier tipo de bono (instrumentos de deuda) cuyos recursos serán aplicados exclusivamente para financiar o refinanciar, parcial o totalmente, Proyectos Verdes elegibles, ya sean estos nuevos y/o existentes, y que están alineados con los cuatro componentes principales de los Green Bond Principles (Principios de Bonos Verdes)[1] publicados por la ICMA.

Entre los Proyectos Verdes elegibles, el ICMA incluye, sin limitar, a categoría como energías renovables, eficiencia energética (por ejemplo, edificios eficientes o con certificación LEED, almacenamiento de energía, redes inteligentes), prevención y control de contaminación (incluyendo descontaminación de suelos, reciclaje), gestión sostenible de recursos naturales y el uso de la tierra (por ejemplo, agricultura, ganadería y silvicultura sostenible), transporte limpio (como transporte eléctrico), adaptación al cambio climático (por ejemplo, infraestructura más resistente a los impactos del cambio climático), conservación forestal y preservación de biodiversidad (por ejemplo, reforestación), entre otros.

Entonces, como hemos adelantado, los bonos verdes son bonos como conocemos este concepto en el ámbito de la emisión de obligaciones. Es decir, son valores mobiliarios representativos de deuda que no se diferencian en su estructura de los bonos corporativos tradicionales, pero que tienen como particularidad que el uso de los fondos que sean recaudos de su emisión se encuentre vinculado a proyectos que tengan impactos ambientales positivos.

En sus inicios, la emisión de bonos verdes estaba reservada a multilaterales, siendo el Banco Mundial el que realizó la primera emisión de bonos verdes en el año 2008 por un monto aproximado de US$440 millones. Sin embargo, a partir del año 2013, las empresas del sector financiero y otros emisores privado empezaron a participar de la emisión de este tipo de instrumentos, registrándose desde allí un crecimiento continuo que se vio incluso impulsado a raíz de la pandemia del Covid-19[2].

En el caso de Perú, el primer bono verde fue emitido por la empresa Productos Tissue del Perú S.A. en el año 2018, a fin de financiar proyectos de eficiencia energética, control y prevención de polución y manejo sostenible de agua en sus plantas. A partir de allí, se han realizado subsecuentes emisiones de bonos verdes y bonos sostenibles[3], incluyendo los bonos verdes emitidos por Cofide en el año 2019, asignados a financiar proyectos de empresas hidroeléctricas, y la primera emisión de bonos verdes por una empresa del sistema financiero, el Banco de Crédito del Perú, en junio de 2022. Asimismo, se espera que la emisión de este tipo de instrumentos siga creciendo en nuestro país, considerando el gran potencial que tenemos respecto de proyectos verdes elegibles.

Habiendo dicho esto, es importante revisar los requisitos para la emisión de bonos verdes locales. En nuestro país, no existe un marco regulatorio especial aplicable a los bonos verdes[4]. En ese sentido, además de los Principios de Bonos Verdes, resultan aplicables las normas generales de emisión de obligaciones, incluyendo, de ser el caso, las normas para la emisión de instrumentos de deuda por oferta pública o privada.

Sin perjuicio de ello, la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”), con el apoyo de la Embajada Británica en el Perú, ha emitido la Guía de Bonos Verdes para el Perú (la “Guía de la BVL”), en la cual se destacan los siguientes aspectos que los emisores deben tener en cuenta para que los bonos que emitan sean considerados como verdes en la BVL:

  • La restricción sobre el uso de los recursos debe encontrarse pactada contractualmente (en el contrato de emisión) y detalladas en el prospecto informativo. La referida guía destaca que la información sobre los compromisos del emisor respecto de los usos de los recursos debe ser relevante y encontrarse suficientemente detallada.

Sobre el uso de los recursos para proyectos verdes, la Guía de la BVL admite la posibilidad de que, en algunos caos, el objetivo del emisor sea recaudar fondos para financiar una cartera de inversiones en proyectos verdes que no son conocidos al momento de la emisión. En estos casos es esencial el monitoreo de la selección de proyectos y la aplicación de los recursos, debiendo el emisor establecer una política clara que describa los criterios para la evaluación, selección y financiamiento de

  • El emisor debe poseer un proceso para monitorear los recursos hasta su asignación total. Para ello, se requiere que los recursos sean segregados en cuentas específicas.
  • El emisor debe garantizar que la información sobre la naturaleza de los proyectos verdes financiados con los recursos de los bonos sea accesible a los inversionistas y sea comunicada a estos por lo menos con una periodicidad anual. Dicha información incluye las revisiones externas realizadas, así como los impactos esperados.
  • Los bonos deberían contar con una revisión externa que brinde credibilidad a la calificación de los mismos como “bonos verdes”. Así, estos pueden tener (a) una certificación bajo los estándares de Climate Bonds[5] otorgada por unas las entidades independientes aprobadas por la Climate Bonds Initiative; o (b) un reporte de segunda opinión elaborada por un tercero independiente y especializado en temas de sustentabilidad que asesore al emisor en el cumplimiento de los Principios de Bonos Verdes[6].

La Guía de la BVL establece que durante la vida del bono verde y mientras los recursos provenientes de su colocación no hayan sido totalmente asignados, la BVL requiere – a fin de mantener la etiqueta de bono verde – que el emisor cumpla con informar, por lo menos anualmente, sobre (i) el uso de los recursos, incluyendo información sobre los proyectos financiados y los recursos que aún no han sido asignados; (ii) los impactos ambientales de los proyectos, incluyendo información que pueda ser fácilmente comprendida por los participantes del mercado; y (iii) revisión de los impactos ambientales estimados y publicados, por terceros calificados. Asimismo, se requiere que los emisores cumplan con publicar cualquier información eventual que consideren relevante en el contexto de bonos verdes (por ejemplo, demoras en la asignación de los recursos, variaciones significativas en los impactos ambientales esperados que los afecten negativamente y en general cualquier evento que tenga un impacto sobre el desempeño de los proyectos verdes financiados con los bonos).

Bonos de Carbono

Pese a que la denominación “bono” pueda evocar el concepto de emisión de obligaciones que conocemos, los bonos de carbono no son valores mobiliarios representativos de deuda. Un bono de carbono representa la reducción o secuestro de una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) o gas de efecto invernadero (GEI) equivalente. 

Los bonos o créditos de carbono se generan cuando se realiza una actividad (o se deja realizar) para mitigar el cambio climático y dicha actividad tiene como resultado evitar que se emita CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, a través del desarrollo de proyectos ambientales de reforestación, eficiencia energética, tratamiento de residuos, entre otros.

Ahora bien, para que sea considerado como “bono de carbono”, este debe encontrarse certificado. Es decir, las reducciones de toneladas de CO2 que representen se traducen en certificaciones de emisiones reducidas (CER), que deben contar con la verificación de una entidad externa especializada. Para dicha certificación se deberán seguir los requisitos aplicables a cada etapa del proceso, desde el registro del proyecto hasta la certificación del bono, conforme a los estándares internacionales. Al respecto, existen varios programas o estándares, cada uno con sus propios criterios de elegibilidad de proyectos y requisitos para la validación dependiendo del tipo de proyecto. El estándar Verified Carbon Standard (VCS) operado por Verra, es uno de los principales, y tiene entre sus criterios de elegibilidad de proyectos, aspectos como: (i) la demostración de adicionalidad (es decir, la necesidad de demostrar la reducción de emisiones a partir de la comparación de los escenarios hipotéticos en los que, por un lado, no existe el proyecto y, por otro, se realicen las actividades contempladas en el proyecto); (ii) demostración de línea de base (es decir, la necesidad de demostrar cuantitativamente la reducción de emisiones previstas y las efectivas durante un periodo, respecto de una línea de base que representa la ausencia de actividades del proyecto); (iii) temporalidad (periodo máximo dentro del cual debe registrarse el proyecto desde su implementación); (iv) verificación y seguridad; y (v) consultas a las partes interesadas a fin de garantizar el respeto a los derechos de comunidades locales[7].

Luego de una introducción básica de lo que se entiende por bono de carbono, debemos explicar cuál es su función y en qué consiste el mercado de bonos de carbono.

Como comentamos en la introducción, a partir del Acuerdo de París, los países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se establecieron las bases para un mercado de bonos de carbono mediante la utilización de resultados de mitigación transferidos internacionalmente, de manera voluntaria, para cumplir con las contribuciones determinadas por los países. Es decir, se permite que los países puedan cumplir con sus compromisos a través de la adquisición de bonos de carbono y, de ser el caso, aplicarlos para compensar sus emisiones de CO2. Es preciso indicar que una vez que un bono o crédito de carbono es aplicado para compensar las emisiones de CO2 o GEI, dicho bono de carbono se elimina, es decir, no puede volver a usarse.

Asimismo, existen países que han implementado sistemas obligatorios de comercio de bonos de carbono aplicables a grandes empresas[8], a través de los cuales los países imputen un límite a las emisiones que una empresa puede generar en un año. Dichas empresas pueden también acceder a la adquisición de bonos de carbono para aplicarlas a sus emisiones y así reducirlas, o incluso venderlos a terceros. Esto es lo que se conoce como el mercado obligatorio o regulado de bonos de carbono, el cual está sujeto a las reglas de los países correspondientes. Otro mecanismo que aplican algunos países es el impuesto al carbono por el que se grava a las empresas según sus emisiones de carbono[9].

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que no están sujetas a mercados obligatorios, e incluso organizaciones e individuos, también pueden acceder de manera voluntaria al mercado de bonos de carbono para compensar su huella de carbono. Este es el mercado voluntario de bonos de carbono, el cual funciona de manera paralela al obligatorio y no se encuentra regulado.

En nuestro país, en abril de 2018 se publicó la Ley N° 30754, Ley marco sobre el Cambio Climático, reglamentada mediante Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, dentro de la cual se establecieron principios, enfoques y disposiciones generales para, entre otros objetivos, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Asimismo, se creó la Huella de Carbono Perú y se estableció el mecanismo de mitigación denominado REDD+[10], para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, de importante relevancia para nuestro país.

La situación del mercado de bonos en el Perú es incipiente respecto de aquel mercado regulado ya que este se encuentra en proceso de implementación. Ello, debido a que no se han establecido aún disposiciones sobre precios o incentivos.  Por otro lado, el mercado voluntario, en tanto que se rige por las reglas de mercado, sí se encuentra más desarrollado[11]. Al respecto, existen varios proyectos REDD+ en Áreas Naturales Protegidas y concesiones forestales[12], como el Bosque de Protección Alto Mayo, Reserva Nacional de Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque Nacional Cordillera Azul, entre otros.

Conclusión

Nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, pero también tiene grandes oportunidades para contribuir a la mitigación de sus efectos negativos. Es necesario que el mercado se movilice hacia financiamientos de proyectos sustentables, incluyendo aquellos que tengan como finalidad, por ejemplo, la reducción o secuestro de CO2 o GEI.

Bibliografía

  • International Carbon Action Partnership (2023). Emissions Trading Worldwide. Status Report 2023. Berlín.
https://icapcarbonaction.com/system/files/document/ICAP%20Emissions%20Trading%20Worldwide%202023%20Status%20Report_0.pdf

Páginas web


[1] Principios de los Bonos Verdes. Guía del Procedimiento Voluntario para la Emisión de Bonos Verdes. Junio 2021. International Capital Markets Association.

[2] Qadir, U., & Pillay, K., Green Bonds for Climate Resilience: State of Play and Roadmap to Scale. Climate Bonds Initiative, para Global Center on Adaptation, en cooperación con European Bank for Reconstruction and Development. Octubre 2021

[3] Según señala ICMA, los bonos sostenibles mezclan la posibilidad de financiamiento de proyectos verdes con proyectos sociales (es decir, aquellos cuyos fondos se aplican exclusivamente a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos sociales elegibles bajo los Principios de Bonos Sociales), siguiendo los estándares de la Guía de Bonos Sostenibles de ICMA.

[4] Cabe señalar que, mediante la Resolución Ministerial N° 221-2021-EF-52, se aprobó el documento marco del Bono Soberano Sostenible denominado “Peru Sustainable Bond Framework” aplicable a la emisión de bonos soberanos verdes y sostenibles por la República del Perú.

[5] https://www.climatebonds.net/standard/the-standard

[6] https://www.bvl.com.pe/productos/inversionistas/inversiones-sustentables/bonos-verdes

[7] https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/

[8] El último reporte de la International Carbon Action Partnership, señala que los sistemas obligatorios de bonos de carbono se implementan para: 1 mercado que funciona a nivel Supranacional (Estados Miembros de la UE), 10 países, 20 provincias y estados y 6 ciudades.  

[9] Una referencia cercana es Chile, que desde el año 2017 comenzó la implementación de un impuesto verde y recientemente, en junio de 2023, ha aprobado la Ley Marco de Cambio Climático (Ley No. 21.455).

[10] El numeral 5.24 del artículo 5 del Reglamento de la Ley marco sobre el Cambio Climático (Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM) establece que, de conformidad con la Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC, se entiende por reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI en Bosques al resultado de la implementación de los enfoques de políticas e incentivos positivos orientados a las siguientes actividades conocidas internacionalmente como REDD+: 1) reducción de las emisiones derivadas de la deforestación; 2) reducción de las emisiones derivadas de la degradación de los bosques; 3) conservación de las reservas forestales de carbono; 4) gestión sostenible de los bosques; y, 5) aumento de las reservas forestales de carbono.

[11] Torres, A. Perú liberará nuevos bonos de carbono mientras se encamina a una consulta previa. Gestión, 7 de febrero de 2023: https://gestion.pe/economia/peru-liberara-nuevos-bonos-de-carbono-mientras-se-encamina-a-una-consulta-previa-cop27-acuerdo-de-paris-ambiente-minam-noticia/

[12] Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (5 de mayo de 2021). Proyectos REDD+ en Perú marcan la transición hacia la gestión efectiva y sostenible de las áreas naturales protegidas. [Nota de Prensa] https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/491188-proyectos-redd-en-peru-marcan-la-transicion-hacia-la-gestion-efectiva-y-sostenible-de-las-areas-naturales-protegidas

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