LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOS EN CONSUMIDOR: CASO ASOCIACIONES DECONSUMIDORES, ¿REALMENTE REALIZAN ABUSO DE DERECHO?

Diego Alonso Arpasi Quispe


Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Se ha desempeñado como fiscalizador y profesional en Indecopi. Con Segunda Especialidad en Derecho de Protección al Consumidor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría concluida en Derecho de la Propiedad Intelectual y Competencia en la misma casa de estudios.

Correo: darpasi@pucp.edu.pe

I. Introducción

Últimamente ha existido una controversia en los procedimientos de parte iniciados por Asociaciones de Consumidores (en adelante, Asociaciones) donde luego del trámite de un procedimiento principal y con la obtención de costos a favor de la misma, proceden a solicitar la liquidación correspondiente generando un procedimiento incidental regulado en la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI como directivas específicas sobre la misma.

El cuestionamiento a devenido por el monto solicitado por las Asociaciones donde en algunos casos se
consideró como abuso de derecho por parte de los órganos resolutivos del Indecopi como también las
observaciones propias de los proveedores que consideran como parte del lucro de las Asociaciones.

En este punto debe analizarse si efectivamente existe la figura de abuso de derecho por parte de las solicitudes de costos de las Asociaciones, como también la forma de aplicar por parte de los órganos resolutivos del Indecopi viene siendo la correcta.

En ese sentido, el presente artículo hará un análisis breve respecto a las Asociaciones, luego el trámite de los procedimientos de liquidación de costas y costos en materia de protección al consumidor, posteriormente se desarrollará casos de Asociaciones en la materia como un análisis de pronunciamientos sobre el tema. Adicional abordará una posible solución respecto al mismo.

II. Las Asociaciones de Consumidores

El Código de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, el Código), establece como un principio rector de la normatividad en la materia, el principio pro asociativo1, entendido como aquel donde el Estado facilita la conformación de dichas asociaciones en un marco de actuación responsable y sujetándose a lo establecido en el Código.

Ahora bien, el artículo 153 y adelante del Código, establece tanto las funciones y formalidades para constituir una Asociación, adicionalmente de las prohibiciones y forma de graduar entrega de un porcentaje de multas a favor de éstos también existe la Directiva Nº 009-2013-DIR-COD-INDECOPI que complementa lo señalado en el Código.

Para resumir las mismas las Asociaciones tienen como finalidad proteger, defender, informar y
representar a los consumidores y usuarios tanto a nivel directo como representación en procedimientos
ante el Indecopi pues conforme a la Directiva señalada en el párrafo anterior, no solamente representa y
realiza procedimientos en favor de consumidores particulares, colectivos o intereses difusos en materia
de protección al consumidor sino también puede interponer procedimientos en temas de competencia
desleal, libre competencia, eliminación de barreras burocráticas y barreras no arancelarias2.

Como puede observarse las Asociaciones tienen bastante ámbito de aplicación en defensa de los consumidores y usuarios, es más pueden defender en temas de servicios públicos3.

De acuerdo a lo señalado primigeniamente la controversia ha surgido por los procedimientos de denuncias de parte por parte de las Asociaciones, donde luego de obtener decisiones favorables en temas de consumidor y con pronunciamientos de orden expresa de devolución de costos, éstos han solicitado montos “considerados abusivos” por parte de proveedores y el propio Indecopi.

No es menester del presente artículo, un análisis del procedimiento de consumidor sino desarrollar el tema principal a efecto proponer una posición del mismo. Con esto tocaré en el siguiente capitulo sobre el procedimiento de Liquidación de costas y costos en protección al consumidor.

III. PROCEDIMIENTO DE COSTAS Y COSTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Respecto al presente capitulo y conforme al artículo 6.1. de la Directiva N° 001-2015/TRI-INDECOPI (en adelante, la Directiva), establece que la devolución de la tasa administrativa no necesita liquidación al efectuarse la devolución en la resolución final, en caso sea.

Sin embargo, el denunciante- administrado puede solicitar, en los procedimientos de denuncia de parte, la liquidación de las costas y costos por otros conceptos como: honorarios de abogado (en caso hayan sido realizadas), honorario de perito entre otros.

Adicional, en caso de incumplimientos de mandatos expuestas en la Resolución Final del caso en concreto, estas pueden ser comunicadas a la Comisión quienes evaluaran el inicio de un procedimiento sancionador por incumplimiento del mismo4.

Teniendo las premisas señaladas, y conforme a la Directiva el procedimiento liquidación de costas y costos tendría el siguiente esquema:

En ese sentido el procedimiento de liquidación de costas y costos, adicional en caso se solicite el pago de las costas únicamente, se tramitaría como un incumplimiento de pago de costas pues la misma se encuentra contenida en la resolución final que resuelve el caso principal de barreras burocráticas, en caso sea, amparada la denuncia.

Conforme a lo señalado y en caso de incumplimientos de costas y costos adicional a incumplimientos de mandato contenidos en resoluciones finales con pronunciamiento de fondo de forma positiva para el denunciante-administrado, al esquema sería distinto y se debe realizar un paso previo que sería la emisión de Informe Final de Instrucción al ser procedimientos sancionadores conforme al artículo 36 del DL 12565.

Ahora bien, conforme a los procedimientos revisados como son los expedientes: 30-20196, 36-20197, 48-20208, 78-20199, 123-201910, 130-202111, 155-201912 entre otros. Los cuales tienen una duración mayor a 30 días hábiles desde iniciado el procedimiento, ya sea de incumplimiento de mandato de costas o de incumplimiento de mandato de inaplicación de barrera burocrática13.

Estos procedimientos toman mayor relevancia pues ante un incumplimiento de mandato por parte de la entidad de la administración esta puede ser multada hasta con 20 UIT’s tanto al funcionario, servidor o quien ejerza función administrativa como la propia entidad.

Por ende, al realizar los procedimientos de incumplimiento de mandato son una forma de poder ejecutar la resolución sin ir a un proceso contencioso administrativo el cual toma mayor tiempo y esfuerzo por parte del administrado-denunciante.

Siendo así, y conforme a lo desarrollado se puede observar un vació legal respecto a los procedimientos de incumplimiento de mandatos, dado que, no se establece ni en el DL 1256 o similares el procedimiento, plazos entre otros de forma específica sino más bien que de forma supletoria al procedimiento administrativo sancionador se desarrolla la misma. Como tal, en casos de protección al consumidor los procedimientos de incumplimientos de liquidación de costas y costos o medidas correctivas tienen similitud en cuanto al plazo respecto a un procedimiento de liquidación de costas y costos.

Del mismo modo, se puede aplicar a este tipo de procedimientos pues no existe un pronunciamiento de fondo respecto a si existe o no una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, sino más bien, el cumplimiento del mandato respecto al mismo en caso haya sido declara inaplicable la barrera burocrática.

IV. LA LEGITIMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOS EN ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

Conforme a lo desarrollado toca aplicar un caso práctico donde en una reciente demanda interpuesta por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Ancash (en adelante, ACUREA o Asociación) ante INDECOPI ha suscitado un debate sobre la legitimidad de su solicitud de liquidación de costas y costos. Este capítulo se propone analizar los motivos que justifican la declaración de fundada la demanda y la falta de existencia de un ejercicio abusivo del derecho por parte de la Asociación.

IV.1. Contexto de la Demanda

ACUREA presentó una solicitud de liquidación de costos ascendentes a S/ 3,700.00 y S/ 72.00 por costas, en el marco de un procedimiento administrativo que buscaba proteger los derechos de los consumidores. Sin embargo, esta solicitud fue denegada en primera y segunda instancia por INDECOPI, argumentando la existencia de un abuso del derecho. Ante esta situación, la Asociación decidió recurrir a la vía judicial, argumentando que su solicitud era legítima y que no constituía un ejercicio abusivo del derecho.

IV.2. La Naturaleza No Lucrativa de la Asociación

Uno de los puntos clave en la defensa de la Asociación es su naturaleza no lucrativa. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, las entidades no lucrativas pueden generar excedentes siempre que estos no se distribuyan entre sus miembros. En este sentido, los costos y costas reclamados por la Asociación no representan utilidades, sino el reembolso de gastos necesarios para el ejercicio de su labor en defensa de los consumidores. Por lo tanto, solicitar la liquidación de estos costos no vulnera la naturaleza de la Asociación, sino que se enmarca dentro de sus derechos como entidad que busca proteger los intereses de sus asociados.

IV.3. La Falta de Pruebas del Abuso del Derecho

La resolución de INDECOPI que denegó la solicitud de liquidación de costos se basó en la afirmación de que la Asociación perseguía un fin lucrativo incompatible con su labor. Sin embargo, esta afirmación carece de sustento probatorio. No se presentó evidencia concreta que demostrara que la Asociación actuó con la intención de obtener un beneficio económico a expensas de los derechos de los consumidores. La falta de pruebas que respalden la acusación de abuso del derecho es un argumento sólido que refuerza la posición de la Asociación.

IV.4. La Buena Fe en el Procedimiento

Otro aspecto relevante es la conducta de la Asociación durante el procedimiento administrativo. La buena fe es un principio fundamental en el derecho administrativo, y la Asociación ha demostrado su compromiso con este principio al actuar en defensa de los derechos de los consumidores. La solicitud de liquidación de costos se realizó en el marco de un procedimiento legítimo y transparente, lo que refuerza la idea de que no hubo un ejercicio abusivo del derecho. La Asociación no solo buscaba recuperar gastos, sino que también actuaba en interés de sus asociados, lo que es un indicativo de su buena fe.

Por todo lo señalado la primera instancia en el proceso judicial 4576-2025 en los juzgados de mercado ha señalado:

(Fuente: Poder Judicial)14

La liquidación de costas y costos es un aspecto fundamental en cualquier procedimiento administrativo en materia de Indecopi cuando es ordenado su devolución, ya que permite a las entidades recuperar los gastos incurridos en la defensa de sus derechos. En el caso de la Asociación, no debió denegarse pues no existe una falta especifica de prerrogativa jurídica para la protección del interés afectado (devolución de costas y costos) la solicitud de liquidación no solo es un derecho, sino también una necesidad para continuar con su labor en defensa de los consumidores.

Y sobre todo, una mala evaluación por parte de los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor del Indecopi.

V. CONCLUSIONES

Primero: Las asociaciones de Consumidores tienen toda la prerrogativa legal para defender a los
consumidores como afectación directa o indirecta, es más, tienen posibilidad de defender en
otras materias aparte de consumidor.

Segundo: El procedimiento de liquidación de costas y costos se encuentra establecido de forma supletoria en la Directiva N° 001-2015/TRI-INDECOPI, que tiene una duración máxima de 30 días hábiles de iniciada el procedimiento. En cuanto a los incumplimientos de mandatos y medidas correctivas no tiene una Directiva propia.

Tercero: La demanda interpuesta por la ACUREA contra el INDECOPI se fundamenta en argumentos sólidos que justifican la declaración de fundada la demanda y la falta de existencia de un ejercicio abusivo del derecho. La naturaleza no lucrativa de la Asociación, la falta de pruebas que respalden la acusación de abuso, la buena fe en el procedimiento y la importancia de la liquidación de costos son elementos que refuerzan la legitimidad de su solicitud. Además, no existe una falta especifica de prerrogativa jurídica para la protección del interés afectado elemento que debe ser cumplido en aplicación de la Resolución N° 104-86-TDC precedente de observancia obligatoria en temas de abuso de derecho.

  1. Principio Pro Asociativo.- El Estado facilita la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios en un marco de actuación responsable y con sujeción a lo previsto en el presente Código. ↩︎
  2. Artículo 3.- Presentación de Denuncias
    Las asociaciones de consumidores se encuentran facultadas para interponer denuncias en defensa de intereses colectivos y difusos ante las siguientes comisiones a nivel nacional:
     a) Comisión de Protección al Consumidor.
    b) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
    c) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
    d) Comisión de Defensa de la Libre Competencia
    e) Comisión de Normalización y Eliminación de Barreras No Arancelarias. ↩︎
  3. Artículo 159.- Aplicación supletoria para los servicios públicos.- Las reglas incluidas en el presente capítulo se aplican, de manera supletoria, a las disposiciones de los organismos reguladores de los servicios públicos. ↩︎
  4. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
    Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato
    La Comisión puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes supuestos:
    1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al que se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley. (…) ↩︎
  5. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
    Artículo 36.- Conductas infractoras de entidades por incumplimientos vinculados con aspectos del procedimiento
    La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer una multa de hasta 20 UIT a las entidades cuando incumplan alguno de los siguientes mandatos:
    1. Mandato de pago de costas y costos del procedimiento.
    2. Mandato de medidas correctivas. (…) ↩︎
  6. Expediente 030-2019/CEB, Denunciante: Empresa de Transporte Expreso Lobato S.A.C contra Municipalidad Distrital de la Victoria procedimiento que duro más de cinco meses desde el inicio de procedimiento) ↩︎
  7. Expediente 036-2019/CEB, Denunciante: Grupo C&D S.A.C contra Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (procedimiento que duro menos de dos meses desde el inicio de procedimiento) ↩︎
  8. Expediente 048-2020/CEB, Denunciante: Perú C&D Internacional S.A.C contra Municipalidad Distrital de Surquillo. procedimiento que duro más de cuatro meses desde el inicio de procedimiento) ↩︎
  9. Expediente 78-2019/CEB, Denunciante: Aris Industrial S.A. contra Municipalidad Metropolitana de Lima y Municipalidad Distrital de Lurin. (procedimiento que duro más de cuatro meses desde el inicio de procedimiento) ↩︎
  10. Expediente 123-2019/CEB, Denunciante: OPP Film S.A. contra Municipalidad Metropolitana de Lima y Servicio de Parques Lima – SERPAR (procedimiento que duro más de cinco meses desde el inicio de procedimiento) ↩︎
  11. Expediente 130-2021/CEB, Denunciante: Andean Telecom Partners Perú S.R.L. contra Municipalidad Distrital de San Borja (procedimiento que duro más de dos meses desde el inicio de procedimiento). ↩︎
  12. Expediente 155-2019/CEB, Denunciante: América Móvil Perú S.A.C. contra Municipalidad Distrital de Santiago de Surco ↩︎
  13. También se puede iniciar procedimientos por incumplimiento de medidas correctivas las cuales son en dos supuestos: devolución de derechos de tramite cobrados cuando dichos derechos hayan sido declarados como barrera burocrática o que las entidades informen a los ciudadanos sobre las barreras burocráticas declaradas inaplicables. ↩︎
  14. El proceso judicial se encuentra en segunda instancia a la espera de emitirse la sentencia de vista. ↩︎

Dimension Mercantil
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