Las nuevas modificaciones al Reglamento de OPA y OPC: transparencia, valorización y protección del inversionista en las operaciones de toma de control

Andrés Vicente Vargas Apolinario

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), especializado en Banca y Mercado de Valores, y Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo. Actualmente es docente en la UNMSM y en la Escuela de Formación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como Gerente Legal y de Compliance en Financiera Credinka.


Introducción

Las ofertas públicas de adquisición (OPA) y las ofertas públicas de compra por exclusión (OPC) constituyen uno de los principales mecanismos de protección de los accionistas en los mercados de valores modernos. Su finalidad consiste en garantizar que los inversionistas, especialmente los minoritarios, participen en condiciones equitativas cuando se producen cambios de control societario o cuando una compañía pretende excluir sus valores del mercado bursátil.

En este contexto, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó mediante Resolución SMV N.º 008-2026-SMV/01 una reforma al Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 009-2006-EF/94.10, en adelante el Reglamento de OPA y OPC. Las modificaciones introducidas responden a la necesidad de fortalecer la transparencia, la protección de los inversionistas y la eficiencia de los procedimientos de adquisición de control en sociedades con valores inscritos en bolsa.

La reforma coincide además con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de gobierno corporativo y protección de accionistas minoritarios, un aspecto particularmente relevante en un país que busca fortalecer la profundidad y credibilidad de su mercado de capitales.

La función económica de las OPA en el mercado de valores

La literatura comparada ha destacado que las OPA cumplen una función esencial en el mercado de control corporativo.

Henry Manne sostuvo tempranamente que el mercado de control corporativo constituye un mecanismo disciplinario para la administración de las sociedades cotizadas, permitiendo que empresas mal gestionadas puedan ser adquiridas por inversionistas capaces de generar mayor valor económico (Manne, 1965).

Posteriormente, autores como Frank Easterbrook y Daniel Fischel desarrollaron la idea de que las OPA permiten asignar eficientemente el control societario, favoreciendo una mejor utilización de los recursos empresariales (Easterbrook & Fischel, 1991).

Sin embargo, junto con esa función económica surge la necesidad de proteger a los accionistas minoritarios, pues los cambios de control pueden generar riesgos de expropiación privada de beneficios corporativos cuando los accionistas controladores obtienen ventajas que no son compartidas con los minoritarios (Enriques, 2002).

Precisamente para enfrentar este problema surgieron las reglas de OPA obligatoria en numerosos mercados de capitales.

Exigencia de una mayor transparencia

Uno de los ejes centrales de la reforma consiste en fortalecer los mecanismos de transparencia asociados a las operaciones que generan una obligación de formular una OPA. Si bien el régimen anterior ya contemplaba obligaciones de información dentro del procedimiento de oferta, la modificación al artículo 6 del Reglamento de OPA y OPC incorpora un deber específico de comunicación inmediata por parte del obligado a formular la OPA a la sociedad objetivo, a la bolsa de valores correspondiente y a la SMV, informando además el precio o ratio de intercambio involucrado en la operación que originó dicha obligación. Asimismo, se establece de forma expresa que la sociedad objetivo debe difundir esta información como hecho de importancia, permitiendo que el mercado conozca tempranamente la potencial adquisición de control. El interés es reducir las asimetrías de información, posibilitando que los inversionistas conozcan de manera más temprana la existencia de operaciones susceptibles de alterar la estructura de control de una sociedad emisora.

Como sostiene John Coffee, la transparencia constituye un elemento indispensable para el funcionamiento eficiente de los mercados de capitales, especialmente durante operaciones de cambio de control donde la información puede influir significativamente en las decisiones de inversión (Coffee, 2021).

Del registro automático al procedimiento de evaluación previa

Otro cambio particularmente relevante es la modificación del artículo 12 del Reglamento de OPA y OPC, a efectos de introducir un procedimiento de registro de las ofertas. Bajo el esquema anterior, la presentación del prospecto y la documentación correspondiente permitía el inicio automático de una OPA posterior una vez que era comunicada la oferta al regulador. La reforma sustituye este modelo por un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo. La SMV dispone de un plazo de diez días hábiles para revisar la documentación y formular observaciones, mientras que el ofertante cuenta con cinco días hábiles para subsanarlas.

Bajo el nuevo procedimiento, el ofertante debe presentar a la SMV una solicitud de registro del prospecto informativo de la OPA, acompañando los documentos que ya estaban previstos originalmente, como el prospecto, las autorizaciones administrativas, el aviso de oferta, el documento que dé cuenta de la garantía de la oferta y, sumado como un nuevo requisito, la declaración jurada suscrita por el ofertante sobre la verificación diligente de la entidad valorizadora.

La introducción de un control previo persigue mejorar la calidad de la información disponible para el mercado porque la SMV puede revisar previamente el prospecto y la documentación, al tiempo que se reduce el riesgo de ofertas con información incompleta.

No obstante, este cambio también genera interrogantes respecto del equilibrio entre protección al inversionista y eficiencia transaccional, debido a que la operación podría tomar más tiempo, aumenta la incertidumbre sobre la fecha efectiva de lanzamiento, el comprador debe esperar la revisión regulatoria y podrían incrementarse los costos de ejecución de la transacción. En mercados de control corporativo, los plazos suelen ser un elemento crítico para el éxito de las operaciones.

La experiencia peruana de los últimos años ha demostrado que las operaciones de adquisición de control y de exclusión bursátil suelen generar controversias respecto de la suficiencia de la información revelada al mercado, los criterios de valorización empleados y la protección efectiva de los accionistas minoritarios. Casos relevantes de OPA como los de Luz del Sur, Enel Distribución Perú, Enel Generación, Volcan e Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. evidenciaron la existencia de cuestionamientos regulatorios y de mercado que, en algunos supuestos, motivaron observaciones, requerimientos adicionales de información, suspensiones de las OPA o la necesidad de extender los plazos inicialmente previstos para la ejecución de las ofertas.

En el derecho comparado, las principales jurisdicciones han buscado equilibrar ambos objetivos. El Reino Unido, por ejemplo, otorga gran importancia a la rapidez y predictibilidad de las adquisiciones corporativas mediante el City Code on Takeovers and Mergers, mientras que otros sistemas privilegian mecanismos de revisión regulatoria más intensos. La opción peruana parece inclinarse hacia un modelo de supervisión reforzada, aunque procurando mantener cierta agilidad mediante la aplicación del silencio administrativo positivo.

El nuevo régimen de entidades valorizadoras

Uno de los cambios más relevantes de la reforma consiste en la modificación del régimen aplicable a las entidades valorizadoras, que podríamos decir tiene como antecedente más próximo los cuestionamientos que se suscitaron en el proceso de elección del valorizador para determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta en las OPA de Volcan Compañía Minera S.A.A. e Inversiones Portuarias Chancay S.A.A.

Bajo el esquema anterior, la designación de la entidad encargada de elaborar la valorización estaba sujeta a un procedimiento especial regulado por la propia SMV, en el cual la autoridad tenía una participación directa en el proceso de selección. Con la nueva regulación, dicho procedimiento es eliminado y la contratación pasa a ser realizada directamente por el ofertante, quien deberá acreditar que la entidad valorizadora cuenta con experiencia suficiente y que no se encuentra incursa en los impedimentos previstos por la normativa. Para los casos de OPC, la SMV designará a la entidad valorizadora que sea propuesta por el oferente.

La medida desplaza la responsabilidad hacia los participantes de la operación, tomándose como referencia modelos internacionales que privilegian la no intervención directa de la autoridad reguladora.

Estándares de valorización

La Resolución SMV N.º 008-2026-SMV/01, mediante el nuevo artículo 50 del Reglamento de OPA y OPC, exige que las entidades valorizadoras utilicen metodologías sustentadas en estándares internacionales de valorización y que, como mínimo, analicen criterios tales como el valor contable, el valor de liquidación, el valor de la sociedad como negocio en marcha, el precio promedio ponderado de mercado, los precios ofrecidos en ofertas previas y los múltiplos y transacciones comparables.

Las entidades valorizadoras ya no solo deben presentar una estimación de valor, sino explicar detalladamente las razones que justifican la metodología empleada y la pertinencia de cada criterio utilizado. Incluso cuando el precio recomendado no coincida con el valor más alto obtenido en el ejercicio de valorización, se deberán sustentar expresamente las razones técnicas, financieras y metodológicas de dicha decisión.

El informe del Directorio

Otro aspecto relevante de la reforma consiste en el fortalecimiento del informe del directorio de la sociedad objetivo. Si bien el régimen anterior ya contemplaba la obligación de emitir un pronunciamiento respecto de la oferta, el nuevo artículo 15 del Reglamento de OPA y OPC incrementa las exigencias de contenido y fundamentación aplicables a dicho documento. En particular, se busca que el directorio proporcione al mercado una evaluación más completa de la operación, explicando los elementos utilizados para formar su opinión, los efectos previsibles de la oferta sobre la sociedad y cualquier circunstancia que resulte relevante para la decisión de los accionistas, así como dar cuenta de las observaciones y reparos que hubiere formulado algún director, además de su respectiva identificación.

Especial importancia adquiere la obligación de revelar los potenciales conflictos de interés de los miembros del directorio en relación con la oferta. Esta exigencia se alinea con una de las preocupaciones centrales del derecho comparado en materia de adquisiciones corporativas: garantizar que los accionistas puedan evaluar no solo el contenido de la recomendación emitida por los administradores, sino también los incentivos económicos o personales que podrían influir en dicha recomendación.

Como señalan Davies y Worthington, la utilidad del informe del órgano de administración en una operación de toma de control depende en gran medida de la transparencia respecto de los intereses que podrían afectar la independencia de juicio de sus integrantes (Davies & Worthington, 2016).

Reflexión final

Las modificaciones al régimen de OPA y OPC mediante la Resolución SMV Nº 008-2026-SMV/01 reflejan una tendencia internacional orientada a fortalecer la transparencia, mejorar la protección de los accionistas minoritarios y reforzar la calidad de la información disponible durante operaciones de toma de control y exclusión bursátil.

La nueva regulación no transforma la naturaleza de las OPA y OPC, pero sí modifica significativamente la manera en que dichas operaciones serán ejecutadas en el mercado peruano.

En particular, destacan tres elementos centrales:

  • El fortalecimiento de los mecanismos de revelación de información.
  • La revisión previa por parte de la SMV antes del lanzamiento de las ofertas.
  • El nuevo régimen de valorización y determinación del precio mínimo.

Referencias bibliográficas

Coffee, J. C. (2021). Corporate Crime and Punishment. Berrett-Koehler.

Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1991). The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press.

Enriques, L. (2002). The law on company directors’ self-dealing. International and Comparative Corporate Law Journal, 1(3), 297-333.

Davies, P. L., & Worthington, S. (2016). Gower: Principles of Modern Company Law (10th ed.). Sweet & Maxwell.

Dimension Mercantil
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