Pontificia Universidad Católica del Perú
Taller de Derecho
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Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en derecho civil y comercial por la misma casa de estudios. Maestro en derecho privado europeo por la Università degli Studi Mediterranea de Reggio Calabria. Ha sido abogado del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) – Sede Central y actualmente es registrador público del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX. Miembro de la Red de Capacitadores Registrales de la Sunarp y presidente de la Comisión de Estudios de Derecho Mercantil A del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
Se ha dicho que fue con la Directiva 89/667/CEE1 del 21 de diciembre de 1989 (o Duodécima Directiva Societaria), relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, que las autoridades de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) estimaron maduros los tiempos para una intervención más incisiva y completa de la materia (De Donno 1999: 99-100).
Por un lado, esto parece explicarse en que algunos países europeos ya habían introducido reformas en sus legislaciones societarias abordando la problemática de las sociedades originariamente unipersonales; así, sucedió, con Dinamarca y, luego, con la República Federal Alemana, Francia, los Países Bajos y Bélgica.
Otra razón de orden jurídico está vinculada a la progresiva superación de la concepción de la unipersonalidad societaria, sea originaria o sobrevenida, como situaciones patológicas y, por lo tanto, merecedoras de reproche o sanción.
Tampoco se puede desdeñar la presión económica ejercida por el pequeño como mediano empresariado europeo, siempre en búsqueda de fórmulas que permitan limitar su responsabilidad al patrimonio destinado al ejercicio de las actividades empresariales, salvaguardando el resto de sus bienes de los avatares propios del tráfico mercantil.
Con esos antecedentes no es extraño que las autoridades europeas optaran por instaurar – o mejor aún, coordinar – un estatuto normativo común para la sociedad unipersonal, dándose cabida tanto a la unipersonalidad originaria como a la sobrevenida mediante la adopción de pautas normativas específicas, siendo en las que nos detendremos a continuación las que llaman nuestra atención para efectos del presente trabajo.
No está demás expresar que la Duodécima Directiva fue sustituida por la Directiva 2009/102/CE2 del 16 de setiembre de 2009 que, en cuanto corresponda, será igualmente objeto de referencia en las líneas que siguen.
En primer lugar, debemos dejar en claro que el objeto de la Duodécima Directiva Societaria fue reconocer sin ambages la sociedad unipersonal; lo ratifica el numeral 1 de su artículo 2 al establecer que la sociedad podrá constar de un socio único al momento de su constitución («unipersonalidad originaria»), o mediante la concentración de todas sus participaciones en un solo titular («unipersonalidad sobrevenida»). Sin embargo, no por esto se aplica a cualquier tipo societario, pues conforme al artículo 1 de la citada Directiva, las medidas de coordinación ahí establecidas se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las sociedades de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société privée à responsabilité limitée, Anpartsselskaber, Société á responsabilité limitée, Sociedade por quotas, Private company limited by shares or by guarantee, etc.).
De eso sigue que fue la sociedad de responsabilidad limitada el modelo societario escogido por el legislador europeo para la proyección de su instrumento normativo, lo que obedeció, para De Donno, a la existencia de diferencias funcionales, más que de estructura, entre el tipo societario mencionado y la sociedad por acciones o sociedad anónima (1999: 102).
Y es que la doctrina mercantil es unánime al reconocer que en la práctica las sociedades de responsabilidad limitada representan el modelo preferido por los pequeños y medianos empresarios, mientras la sociedad anónima persiste como el modelo empresarial exclusivo de las grandes empresas europeas o internacionales, así como de aquellas otras destinadas a la recaudación de capital del público3.
Pero la realidad excede cualquier idea preconcebida; por esto la Duodécima Directiva, con sagaz intuición, no descarta que los Estados miembros abran las puertas de la unipersonalidad a las sociedades anónimas pese a no tratarse de un modelo diseñado originalmente para las pequeñas y medianas empresas a las que, en línea de principio, va dirigida la Directiva. Así, su artículo 6 establece que cuando un Estado miembro admita también para la sociedad anónima la sociedad unipersonal, se aplicarán las disposiciones de la presente Directiva. Idéntica disposición es reproducida por el artículo 6 de la vigente Directiva 2009/102/CE.
Otro tema abordado por el artículo 2 de la Duodécima Directiva se refiere a la admisión por parte del legislador europeo, hasta una posterior coordinación de las disposiciones nacionales sobre derecho de agrupaciones, de eventuales disposiciones o sanciones al interior de cada Estado miembro con respecto a los siguientes aspectos: a) Cuando una persona física sea socio único de varias sociedades; o, b) Cuando una sociedad unipersonal o cualquier otra persona jurídica sea socio único de una sociedad. La misma previsión es recogida hoy por el numeral 2 del artículo 2 de la Directiva 2009/102/CE.
Sobre el particular, se ha sostenido que el explícito llamado a la disciplina europea sobre grupos de empresas y, al mismo tiempo, la indeterminación de las «disposiciones especiales» y «sanciones» se resuelven en una delegación en blanco al legislador nacional, quien podrá decidir autónomamente si limitar el uso de las sociedades unipersonales solo a las pequeñas y medianas empresas o extender su uso a los grupos de empresas (De Donno 1999: 104).
A propósito, debe recordarse que las legislaciones nacionales han optado por prever ciertas limitaciones en el primero de los supuestos indicados, es decir, cuando se trata del pequeño y mediano empresariado. A modo de ejemplo, y si bien no está referido a las sociedades unipersonales, aunque sí a una figura alternativa (la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o EIRL) empleada por el mismo segmento empresarial, es importante destacar que, en el caso peruano, el Decreto Ley 21621 estableció en su artículo 5 que cada persona natural sólo podía ser titular de una empresa, dispositivo legal que mantuvo su redacción hasta su modificación por el artículo único de la Ley 26312 en el año 1994.
Por lo demás, la misma Ley peruana mantiene con carácter imperativo – esto es, que no admite estipulación en contrario – en su artículo 4, que solo las personas naturales pueden constituir o ser titulares de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
En definitiva, restricciones o limitaciones análogas a las antes descritas no son extrañas al momento de regular las actividades de los pequeños y medianos empresarios, lo que ha movido al legislador europeo a asumir cierta cautela máxime si atendemos a las características del instrumento normativo (Directiva4) escogido para abordar la unipersonalidad societaria y acometer la tan ansiada tarea de armonización del derecho societario europeo.
Es bien sabido que la publicidad registral no es otra cosa que la exteriorización continuada y organizada de los derechos y actos inscritos o anotados para hacerlos cognoscibles a los terceros5. Como se desprende del adjetivo empleado, este tipo de publicidad se organiza a través de una institución jurídica especializada que comúnmente adopta la denominación de Registros Públicos u otro similar.
De otro lado, sin perjuicio de otras características de la publicidad brindada por los Registro Públicos, y específicamente – en lo que nos concierne – por los Registros Mercantiles – en los cuales toman asiento los actos constitutivos de sociedades y demás empresas con personalidad jurídica, así como de sus principales vicisitudes personales con relevancia para terceros –, merece destacarse su rol como instrumentos de información y confianza para el mercado. Valgan verdades, el reconocimiento de ese papel desempeñado por la publicidad registral-mercantil estaba ya implícito en la Directiva 68/151/CEE, en la cual una de las principales cuestiones abordadas trató sobre la publicidad de los actos societarios (Sección I).
Siendo esto así, no resulta extraño que un precepto (artículo 3) de la Duodécima Directiva Societaria (y ahora de la Directiva 2009/102/CE) establezca que cuando una sociedad se convierta en sociedad unipersonal mediante la concentración de todas sus participaciones en un solo titular, deberá indicarse esta circunstancia, así como la identidad del socio único, ya sea en el expediente de la sociedad o inscribirse en el registro a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 68/151/CEE, ya sea transcribirse en un registro de la sociedad accesible al público.
Salta a la vista que las Directivas europeas ponen énfasis en la publicidad de la sociedad unipersonal sobrevenida, esto es, posterior a su nacimiento, lo que es demostrado por el empleo de la expresión «se convierta». Estimamos que sucede así porque cuando se publicita la constitución de una sociedad unipersonal existen garantías para suponer que cualquier circunstancia referida a su unipersonalidad será conocida por los terceros a través de la identificación precisa del único socio fundador de la empresa recurriendo al expediente o registro respectivo.
Es distinto cuando la concentración de las participaciones sociales en manos de una sola persona sobreviene a la constitución de la sociedad, pues en estos supuestos existe el riesgo de que la unipersonalidad pase inadvertida para los terceros en caso no se imponga la obligación de publicitar esa circunstancia.
En contraste, ambas Directivas no imponen que se incluya el dato de la unipersonalidad sobrevenida en la correspondencia y demás documentos de la sociedad, posiblemente por considerarse que supone una carga excesiva o desproporcionada.
Como cualquier otra corporación, la sociedad unipersonal necesita de órganos por cuyo medio pueda desarrollar sus actividades, así como contratar o vincularse con terceros en el tráfico jurídico mercantil.
En principio, toda sociedad cuenta con dos órganos esenciales, uno a cargo de la deliberación y resolución de los asuntos sociales y otro encargado de la administración y representación de la sociedad (Garrigues, citado por Figueroa Reinoso 2016: 129). Tradicionalmente, el primero es designado con el nombre de junta o asamblea general, mientras al segundo se le denomina directorio o consejo o junta de administración. Existe además la posibilidad, como sucede en otras legislaciones comparadas, de un tercer órgano, al que son encomendadas la supervisión y la vigilancia de la administración. Atendiendo a estos menesteres, este órgano es designado como consejo o junta de vigilancia.
Para el caso específico de las sociedades unipersonales, los artículos 4 de la Duodécima Directiva Societaria y la Directiva 2009/102/CE coinciden en que el socio único ejercerá los poderes atribuidos a la junta general (apartado 1) y que las decisiones adoptadas por el socio único en el ámbito contemplado en el apartado 1 deberán constar en acta o consignarse por escrito (apartado 2). Lo expuesto evidencia dos reglas, una primera referida a identificar a quien le compete la decisión de los asuntos sociales y otra que atañe a su expresión.
Así, en cuanto a la primera, es natural que al existir un solo socio la junta será representada por él, siendo consecuentemente de su exclusiva competencia decidir sobre todos los temas reservados legal y estatutariamente al órgano supremo de la sociedad. No obstante, la ecuación «socio único-junta general» no significa que la toma de decisiones siga el mismo procedimiento tradicionalmente considerado para una reunión de socios6.
Finalmente, sobre la segunda, parece claro que aquella exigencia de que las decisiones del socio único obren por acta o por escrito responde a la necesidad de dotar de mecanismos de seguridad a la decisión, sobre todo en lo relacionado a su facilitar su exhibición o prueba frente a terceros, evitándose además que decisiones clandestinas puedan ser opuestas válidamente a terceros de buena fe que desconocen sus términos y alcances.
No cabe duda de que la contratación del socio único es uno de los temas más delicados al abordar a la sociedad unipersonal. La explicación es simple: de no existir desincentivos, el socio único podría utilizar la sociedad unipersonal como un instrumento destinado a cometer ilícitos en perjuicio de los acreedores y demás terceros que pudieran entrar en contacto con la sociedad; por todo ello será esencial la adopción de medidas destinadas a dotar de transparencia la celebración de esos actos y contratos, aun cuando se refieran a operaciones corrientes u ordinarias (Barba de Vega, citado por Figueroa Reinoso 2016: 132 y ss.).
Las Directivas bajo comentario se hacen eco de esa necesidad; así en el apartado 1 de los artículos 5 expresan que los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad representada por el mismo deberán constar en acta o consignarse por escrito.
Al igual que para el caso de las decisiones por parte del socio único reseñado en el acápite precedente, las Directivas optan por mantener como solución que los contratos – y consideramos comprendidos a los actos unilaterales – celebrados consigo mismo por el socio único deban obrar por acta o escrito. Nótese que la Directiva, al igual que en el caso precedente, no impone un requisito de validez (forma solemne o ad solemnitatem) pero deja a los Estados miembros en libertad de así establecerlo en sus respectivas legislaciones.
Por último, ambas Directivas cierran sus articulados estableciendo que los Estados miembros podrán no aplicar lo dispuesto en el apartado 1 a las operaciones corrientes celebradas en condiciones normales. Como es sencillo advertir, queda otra vez a la legislación de cada Estado miembro establecer qué operaciones son corrientes y además cuándo se reputan celebradas en condiciones normales.
Referencias bibliográficas
Corapi, Diego, «Le società per azioni», en Alpa, Guido, Bonell, M.J. et al., Diritto privato comparato. Istituti e problema, Laterza, Bari-Roma, 2012.
De Donno, Barbara, Le società unipersonali nell’esperienza francese e comunitaria (Un’analisi comparatistica), Giuffrè, Milán, 1999.
Figueroa Reinoso, Emilio, La sociedad unipersonal. La importancia de su regulación en el derecho societario, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2016.
Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J., Instituciones y derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 2020.