Pontificia Universidad Católica del Perú
Taller de Derecho
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Asociado del Estudio Miranda & Amado. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de Derecho público en la Universität zu Köln (Alemania). Ha sido asistente de cátedra del curso de Derecho de la Competencia y coordinador general del Taller de Investigación en Derecho Administrativo – TIDA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Estudiante de décimo ciclo de Derecho en la Universidad de Piura.
1. Introducción
En pronunciamientos recientes, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (la “SPC”) ha modificado el criterio para determinar la responsabilidad solidaria de los gerentes generales de los proveedores infractores de las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, “CPDC”). A diferencia de la línea jurisprudencial que venía aplicando la SPC desde la entrada en vigencia del CPDC, el nuevo criterio no requiere de un análisis exhaustivo del dolo o la culpa inexcusable. Este nuevo criterio, podría generar que en muchos casos se declare la responsabilidad solidaria de los gerentes generales casi por la sola condición del cargo que ocupan, vulnerando así diversos principios del Derecho administrativo sancionador.
2. Marco normativo
El artículo 111 del CPDC[1] establece que excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, ciertas personas naturales pueden ser responsables solidarios, junto con el proveedor (usualmente una empresa), de una infracción administrativa en materia de protección al consumidor. Desde su entrada en vigencia, esta norma no ha tenido modificaciones. Asimismo, tampoco existen antecedentes normativos que hubieran establecido una regulación similar en el ordenamiento jurídico peruano[2].
El supuesto de hecho del tipo infractor que recoge el artículo 111 del CPDC se configura cuando se reúnen de forma concurrente los siguientes tres (3) elementos: (i) se ha probado la comisión de una infracción administrativa cometida por un proveedor, el cual será el responsable principal; (ii) existe evidencia sobre la participación en la infracción previa de una persona natural que ejerce la dirección, administración o representación del proveedor infractor y (iii) se ha demostrado que esta persona natural actuó con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la referida infracción.
La principal consecuencia jurídica establecida en el artículo 111 del CPDC es que aquellas personas naturales que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor infractor se convertirán en responsables solidarios. Esto significa que la multa o medida correctiva impuesta por al proveedor (responsable principal) también podrá ser exigida a las referidas personas naturales, quienes responderán a título personal. Adicionalmente, estas personas naturales pueden ser sancionadas con una multa independiente de hasta cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
3. Análisis de la jurisprudencia
3.1 La interpretación del artículo 111 en los pronunciamientos de la SPC
A nivel jurisprudencial, la SPC del Indecopi estableció un primer criterio de interpretación del artículo 111 del CPDC en virtud del cual no era suficiente para atribuir responsabilidad solidaria a una persona natural su sola condición de representante, gerente general o persona que ejerce la dirección o administración de un proveedor infractor. Por el contrario, a fin de determinar la responsabilidad solidaria de esta persona natural debía analizarse, caso por caso, si esta actuó con dolo o culpa inexcusable.
Para determinar la existencia de culpa inexcusable, la SPC analizaba si los gerentes generales (representantes, directivos o similares) habían cumplido con ciertos deberes especiales o reglas esenciales aplicables a la actividad económica de la empresa infractora, pues entendía que el cumplimiento de estas reglas formaba parte de la diligencia mínima con la que estas personas debían desempeñar sus funciones. Así, por ejemplo, en la Resolución 485-2019/SPC-INDECOPI la SPC señaló lo siguiente:
“120. De lo señalado anteriormente, la Sala concluye que la culpa inexcusable del representante de un proveedor de productos o servicios en los términos del Código, se sustenta en un acto negligente que se caracteriza por la inobservancia de reglas básicas, ordinarias o esenciales del negocio de su representada, cuyo cumplimiento resultaba imprescindible para el desarrollo de su actividad económica y que, por ser inherentes a esta, se asume que cualquiera que se desenvuelva en dicha actividad, debía de acatarlas.
121. Dichas reglas pueden haber sido impuestas por las normas jurídicas aplicables a la actividad económica en cuestión o tratarse de preceptos técnicos de observancia obligatoria; siendo la autoridad administrativa en la evaluación de cada caso concreto, la que determinará la diligencia mínima que debió de haber observado el representante del proveedor en su participación en los hechos que conllevaron a la configuración de la infracción a las normas de protección al consumidor” (énfasis agregado).
Bajo este razonamiento, los gerentes generales no respondían solidariamente por cualquier infracción cometida por la empresa, sino solo por aquellas infracciones que significaban una inobservancia a las reglas esenciales del negocio en donde operaba la empresa.
En aplicación de este criterio, por ejemplo, se absolvió de responsabilidad al gerente general de una farmacia que había sido hallada responsable de imponer una cláusula abusiva consistente en haber consignado en los comprobantes de pago la frase “No se aceptan devoluciones de dinero”. En dicho pronunciamiento (Resolución 1376-2022/SPC-INDECOPI), la SPC señaló lo siguiente:
“67. En efecto, no existe medio probatorio alguno que permita acreditar que el señor Dasso, incurrió en alguna acción u omisión que haya generado el citado incumplimiento; menos aun elementos de juicio para determinar la existencia de dolo o culpa inexcusable.
68. Conviene subrayar en este punto que existen conductas que regularmente son ejecutadas por los representantes legales de personas jurídicas; sin embargo, ello, por sí mismo, no acredita para todos los casos una participación directa y vinculada con una transgresión a las normas de protección al consumidor” (énfasis agregado).
En el sector inmobiliario, también se aplicaba este criterio. Así, por ejemplo, no se halló responsable al gerente general de un proveedor sancionado por la falta de culminación de los trámites relativos a la recepción de obra, a la independización registral del inmueble y a la falta de atención de las solicitudes de gestión. En dicho caso (Resolución 1202-2022/SPC-INDECOPI), la SPC reconoció incluso que la ejecución de conductas que regularmente son ejecutadas por un gerente general (como la suscripción de un documento de trámite) no sería suficiente para acreditar la participación en una infracción.
En otro caso del sector inmobiliario (Resolución 485-2019/SPC-INDECOPI), sí se halló responsable al gerente general de un proveedor sancionado por diversas infracciones, pero solo en el extremo en donde se demostró su participación directa. En dicho pronunciamiento, la SPC sancionó al proveedor por numerosos defectos y omisiones en la construcción del inmueble, así como por entregar un informe consignando el nombre de un ingeniero que no participó en la obra. Sin embargo, solo declaró la responsabilidad solidaria de su gerente general respecto de la infracción referida a la entrega de un informe con datos falsos, pues dicho documento –suscrito por esta persona– evidenciaba por sí mismo una intervención directa en la infracción (al omitir la verificación sobre la veracidad de los datos del documento que habías suscrito).
Otros casos en donde la SPC analizó la responsabilidad de los gerentes generales bajo este criterio son los siguientes:
3.2 El nuevo criterio establecido por la SPC para la interpretación del artículo 111 en el sector inmobiliario en la materia
Desde 2023, la SPC varió el criterio expuesto previamente señalando que como los gerentes generales tienen la atribución legal de celebrar y ejecutar los actos, contratos y documentos públicos o privados requeridos para el objeto social de la empresa, estos tienen el deber de supervisar y asegurar que la empresa cumpla con las actividades vinculadas a su objeto social sin infringir el marco regulatorio aplicable (incluyendo las normas de protección al consumidor). Como consecuencia, los gerentes generales podrían ser declarados responsables solidarios de casi la mayor parte de las infracciones al CPDC, principalmente debido la naturaleza de su cargo.
Una muestra de este cambio de criterio se puede advertir en la Resolución 1045-2023/SPC-INDECOPI en donde la SPC declaró responsable solidario al gerente general de una inmobiliaria por la infracción cometida por esta empresa consistente en no devolver el dinero a una consumidora que se desistió de un contrato. Esto bajo el razonamiento de que el gerente general estaba a cargo de la gestión y supervisión de las actividades de la empresa. La SPC sustentó su decisión señalando lo siguiente:
“56. En efecto, el artículo 152° de la Ley General de Sociedades establece que la administración de la empresa está a cargo del directorio y de uno o más gerentes. Específicamente, el artículo 188° de la referida ley señala que, salvo disposición distinta, el gerente general tiene, entre otras, la atribución de celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios que corresponden al objeto social del proveedor. Asimismo, el artículo 14° de dicha norma indica que, salvo estipulación en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la empresa.
57. Al ser el responsable de la administración del proveedor y contar con la función de ejecutar los actos y contratos de su objeto social, se desprende que el gerente general tiene la función de supervisar y asegurar que se cumplan las actividades vinculadas con la realización del objeto social de la entidad inmobiliaria, tales como construir, entregar la posesión y trasladar oportunamente la propiedad de los inmuebles que comercializa, entre otros” (énfasis agregado).
Como se puede observar, a diferencia de los pronunciamientos anteriores que requerían del análisis caso por caso de una actuación dolosa o culposa de los gerentes generales (o representantes) de los proveedores responsables, la SPC declaró la responsabilidad de esta persona natural tomando en consideración, fundamentalmente, su cargo dentro de la empresa.
En similar sentido, en la Resolución 1886-2023/SPC-INDECOPI, se declaró la responsabilidad del gerente general de una empresa sancionada por establecer cláusulas abusivas en los términos y condiciones de su página web. El razonamiento que siguió el colegiado en dicho caso fue el siguiente:
“95. Por otra parte, la determinación, aprobación y publicación de los términos y condiciones aplicables a las relaciones de consumo es una decisión de la más alta importancia, pues son las reglas que se van a aplicar a toda transacción comercial.
96. Más allá de si el señor Marcenaro, de manera efectiva, se involucró en la redacción, análisis y publicación de los términos y condiciones, lo cierto es que, por la naturaleza de su cargo, estaba dentro de su esfera de control la supervisión de su emisión” (énfasis agregado).
Nuevamente, en este pronunciamiento principalmente se tomó en consideración la naturaleza del cargo que ocupaba la persona dentro de la empresa, sin realizar un análisis exhaustivo sobre su participación dentro de la infracción en cuestión. Esta decisión contrasta con el análisis efectuado en la Resolución 1376-2022/SPC-INDECOPI, citada previamente, en donde no se halló la responsabilidad del gerente general del proveedor sancionado (farmacia) pese a que también se impusieron cláusulas abusivas en documentos aplicables a toda transacción (comprobantes de pago) y que se encontraban dentro de la esfera de control del gerente general.
Por último, resulta pertinente analizar los fundamentos de la Resolución 743-2024/SPC-INDECOPI en donde expresamente se reconoció un cambio de criterio en el análisis de la responsabilidad de los gerentes generales, pero solo en el sector inmobiliario. En virtud de este pronunciamiento se le atribuye culpa inexcusable de los gerentes generales de una inmobiliaria cuando esta comete una infracción al CPDC, pues se asume que esta infracción es la evidencia de una omisión en el cumplimiento de las funciones de gestión y supervisión de las actividades de una empresa que el gerente general debe realizar:
“54. En tal sentido, la Sala considera que es necesario modificar el criterio de evaluación de la participación del gerente general para los casos de infracciones en materia de servicios inmobiliarios. Como se aprecia, el gerente general puede participar en la infracción principal a través de una acción concreta o mediante una omisión que contribuya a la planificación o realización de la referida infracción, según sea el caso. Así, en la evaluación de la participación en la infracción principal mediante culpa inexcusable, corresponde añadir el análisis referido a si el gerente general omitió cumplir con sus funciones de administración o gestión establecidas en la Ley General de Sociedades y en el estatuto del proveedor o en el documento de nombramiento respectivo.
(…)
58. De esta manera, la omisión de realizar dichas funciones constituye una falta de diligencia que puede contribuir a la realización o ejecución de infracciones en materia de protección del consumidor vinculadas a actividades del objeto social de la inmobiliaria, puesto que, en caso de que el gerente general cumpla las funciones de gestión y supervisión, la infracción o infracciones principales podrían ser evitadas. (énfasis agregado)”.
Sin embargo, como fue señalado previamente, este criterio en realidad viene siendo aplicado por la SPC desde 2023. A nivel doctrinario, se ha defendido este nuevo criterio argumentando la relevancia de las funciones de un gerente general en el sector inmobiliario:
“El gerente general de un proveedor inmobiliario no es un cargo simple, como si fuera un agente vendedor o un agente promotor, sino que se trata de un cargo importante con funciones gerenciales establecidas estatutariamente y legalmente en la Ley General de Sociedades y ante las cuales quien ejerce ese cargo no puede negar ni discutir su conocimiento, en tanto que se trata de funciones que constituyen en esencia reglas básicas para el desenvolvimiento del proveedor de servicios inmobiliarios, y es obvio que su omisión va a generar responsabilidad solidaria del referido gerente por infracción del artículo 111 del CPDC, por ello la omisión del cumplimiento de las labores de gestión y administración propias de un gerente, determina sin duda la culpa inexcusable del representante del gerente y no puede negar ni discutir esa situación” [3] (sic).
Al respecto, somos de la opinión que las labores de un gerente general son sumamente relevantes no solo en el sector inmobiliario, sino en diversos sectores. En este sentido, y de forma contraria al nuevo criterio asumido por la SPC, no encontramos razones suficientes para aplicar un estándar de responsabilidad distinto en el sector inmobiliario. Además, consideramos que el nuevo criterio configura una aplicación indebida del artículo 111 del CPDC, pues permite determinar la responsabilidad solidaria de una persona natural no de manera excepcional –como la propia norma señala– sino por la sola razón de ocupar el cargo de gerente general y con un análisis superficial sobre la existencia de culpa inexcusable. Esta interpretación resulta contraria a diversos principios del Derecho administrativo sancionador reconocidos a nivel legal y constitucional.
4. Conclusiones
5. Bibliografía
[1] CPDC
“Artículo 111.- Responsabilidad de los administradores
Excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa.
En los casos referidos en el primer párrafo, además de la sanción que, a criterio del Indecopi, corresponde imponer a los infractores, se puede imponer una multa de hasta cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos de dirección o administración según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas”.
[2] El único atisbo de la figura de la responsabilidad solidaria que existía en la norma precedente es el artículo 32 de la derogada Ley de Protección al Consumidor aprobada por el Decreto Legislativo No. 716, en donde se establecía que la responsabilidad de los diversos proveedores de un producto es solidaria por los daños a la integridad física o los bienes de los consumidores.
[3] Durand Carrión, J. B. (2023). El deber de idoneidad y su alcance normativo en la contratación inmobiliaria, una mirada garantista a los derechos de los consumidores. THEMIS Revista De Derecho, (83), p. 298.