Denuncias promovidas por asociaciones de consumidores: ¿el allanamiento o reconocimiento de la infracción sigue siendo una opción?

Nayeli Matos Lozano

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Asociada del área de Competencia en Diez Canseco Abogados. Miembro honorario en Grupo de Estudios Sociedades (GES).

Sumilla:

El presente artículo analiza la interpretación adoptada por la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI respecto de la inaplicación de los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor a las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores. A partir de la revisión del marco normativo y de la práctica administrativa posterior, se cuestiona la incorporación de una exclusión que no se encuentra expresamente prevista en la ley y se examinan los problemas de predictibilidad y confianza legítima que genera su aplicación no uniforme por parte de los órganos resolutivos del INDECOPI.

1. Introducción

¿Puede una resolución administrativa introducir una limitación que el legislador nunca previó expresamente? Esa es, en esencia, la discusión que plantea la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI respecto de la aplicación de los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el “Código”).

Como es sabido, cuando un proveedor reconoce una infracción o se allana oportunamente a una denuncia, el ordenamiento permite que dicha conducta sea valorada favorablemente e, incluso, que la autoridad imponga una amonestación en lugar de una multa. La lógica detrás de este tratamiento es sencilla: si el propio administrado acepta tempranamente aquello que se le imputa, evita actuaciones innecesarias y contribuye a una tramitación más rápida y eficiente del procedimiento.

Sin embargo, esta lógica parece desaparecer cuando la denuncia es promovida por una asociación de consumidores. Mediante la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la “Sala”) sostuvo que los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código no resultan aplicables en estos casos, al considerar que la referencia a las “pretensiones del consumidor” se encuentra dirigida únicamente a denuncias formuladas por consumidores individuales.

El problema es que dicha limitación no se desprende expresamente del texto de la norma. Más aún, la práctica administrativa posterior demuestra que el propio INDECOPI no ha aplicado este criterio de manera uniforme, lo que genera incertidumbre respecto de los efectos que produce el allanamiento o el reconocimiento oportuno de la infracción en este tipo de procedimientos.

A partir de ello, el presente artículo sostiene que la exclusión de las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores de los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código responde a una interpretación que carece de respaldo legal expreso y que, por tanto, no debería operar mientras el legislador no establezca dicha limitación de manera inequívoca.

2. Los antecedentes de la Resolución N.° 3227-2023/SPC-INDECOPI y el cambio de criterio adoptado por la Sala

La discusión sobre la aplicación del artículo 112.3 del Código a las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores no es nueva. Antes de la emisión de la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI, tanto la regulación administrativa como los propios pronunciamientos del INDECOPI habían mostrado posiciones distintas sobre este punto.

En un primer momento, la Directiva N° 006-2017-DIR-COD-INDECOPI excluía expresamente a las denuncias vinculadas con intereses colectivos o difusos de los beneficios derivados del allanamiento y reconocimiento de la infracción, incluyendo aquellas promovidas por asociaciones de consumidores1. Sin embargo, mediante la Resolución N° 2335-2018/SPC-INDECOPI, la propia Sala sostuvo que una directiva, por su rango normativo, no podía limitar los beneficios previstos en una norma con rango legal, como el artículo 112.3 del Código.

Este criterio se vio reflejado en la Directiva N.° 001-2021-COD-INDECOPI, que derogó la regulación anterior y eliminó la exclusión aplicable a las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores. Con ello, parecía quedar zanjada la discusión respecto de la posibilidad de aplicar los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código a este tipo de denuncias2.

Sin embargo, mediante la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI, la Sala adoptó un nuevo criterio y sostuvo que los beneficios previstos en dicha disposición no resultan aplicables a las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores, al considerar que la referencia a las “pretensiones del consumidor” se encuentra dirigida únicamente a denuncias formuladas por consumidores individuales.

Lo llamativo de este cambio de criterio es que se pasó de sostener que una directiva no podía limitar un beneficio previsto en una norma legal a admitir, años después, que esa misma limitación sea incorporada por vía interpretativa. En ese contexto, corresponde preguntarse si dicha exclusión encuentra realmente sustento en el texto y finalidad del artículo 112.3 del Código.

3. Razones por las que el criterio adoptado por la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI resulta cuestionable

La interpretación adoptada por la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI resulta cuestionable porque la exclusión de las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores no encuentra respaldo expreso en el artículo 112.3 del Código.

En efecto, dicha disposición establece que, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor dentro del plazo para formular sus descargos, la autoridad podrá imponer una amonestación, salvo en determinados supuestos expresamente previstos por la propia norma, entre los cuales no se encuentran las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores.

Así pues, el hecho de que el artículo 112.3 del Código haga referencia a las “pretensiones del consumidor” no implica necesariamente que solo resulte aplicable a denuncias promovidas por consumidores individuales. Después de todo, las asociaciones de consumidores también actúan en defensa de los consumidores y las denuncias que presentan siguen siendo denuncias de parte. Si la intención del legislador hubiese sido excluirlas, lo habría establecido expresamente, tal como ocurrió con los procedimientos iniciados de oficio por la propia autoridad administrativa.

Pero incluso dejando de lado el tenor literal de la norma, tampoco parece existir una razón que justifique dicha exclusión. Como se ha desarrollado previamente, el allanamiento y el reconocimiento de la infracción buscan incentivar la colaboración del administrado, evitar actuaciones innecesarias y permitir que el procedimiento concluya de manera más rápida y eficiente. Y esos objetivos se cumplen exactamente igual cuando la denuncia es promovida por una asociación de consumidores. El ahorro de recursos para la administración y la reducción de la controversia son los mismos, con independencia del tipo de interés que se encuentre en discusión.

Lo anterior cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, luego de emitida la Resolución N° 3227-2023/SPC-INDECOPI, la propia Comisión de Protección al Consumidor N° 2 ha continuado aplicando los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código en diversos procedimientos promovidos por asociaciones de consumidores. Así ocurrió, por ejemplo, en las Resoluciones N.os 2348-2023/CC2, 114-2024/CC2, 0490-2024/CC2, 1311-2024/CC2, 1465-2024/CC2, 1633-2024/CC2, 1962-2024/CC2, 0187-2025/CC2 y 0720-2025/CC2, en las cuales la autoridad consideró que las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores, al constituir también denuncias de parte (presupuesto que exige la norma), debían recibir el mismo tratamiento que aquellas formuladas por consumidores individuales.

Ello demuestra que el alcance del artículo 112.3 del Código no es tan claro como sostiene la Sala. Si la norma excluyera de manera inequívoca a las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores, difícilmente la propia Comisión N° 2 habría continuado aplicando dichos beneficios en este tipo de procedimientos. La persistencia de este criterio evidencia, además, un problema de predictibilidad y confianza legítima, pues los proveedores no pueden anticipar con certeza cuáles serán los efectos jurídicos de allanarse o reconocer oportunamente la infracción cuando la denuncia ha sido promovida por una asociación de consumidores3.

4. Conclusión

En definitiva, la exclusión de las denuncias promovidas por asociaciones de consumidores de los beneficios previstos en el artículo 112.3 del Código no constituye una regla establecida por el legislador, sino una interpretación desarrollada por la propia autoridad administrativa. Por ello, consideramos que, mientras dicha limitación no encuentre un respaldo expreso en la ley, su aplicación seguirá siendo, cuanto menos, discutible.


  1. DIRECTIVA N.° DIRECTIVA N.° 006-2017-DIR-COD-INDECOPI
    4.7. De los alcances del allanamiento o reconocimiento de la infracción
    4.7.1. Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente: a) Los efectos del allanamiento y reconocimiento no serán aplicables para los casos de defensa de intereses colectivos o difusos, incluidos los iniciados por denuncias de Asociaciones de Consumidores, así como los casos iniciados a instancia de la autoridad. ↩︎
  2. DIRECTIVA 001-2021-COD-INDECOPI
    Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento
    Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente: […] e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante. ↩︎
  3. DECRETO SUPREMO Nº 006-2026-JUS
    Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
    1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
    […] 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.
    Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.
    La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. ↩︎

Dimension Mercantil
Dimension Mercantil
Artículos: 35

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *