Pontificia Universidad Católica del Perú
Taller de Derecho
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Diego Alonso Arpasi Quispe
Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Se ha desempeñado como fiscalizador y asistente del Indecopi. Con Segunda Especialidad en Derecho de Protección al Consumidor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y concluido la Maestría de Propiedad Intelectual y Competencia en la misma casa de estudios.
Correo darpasi@pucp.edu.pe
Los procedimientos por infracción de derechos en materia de Propiedad Intelectual devienen en vital importancia para su protección, tanto para los titulares, licenciatarios, entre otros, de los mismos. Por ende, en el área de Derechos de Autor, la búsqueda de la protección tanto de los derechos patrimoniales como morales del mismo realiza los procedimientos correspondientes.
Es así que existen las Sociedades de Gestión Colectiva (en adelante, las SGC), entendidas como personas jurídicas que protegen los derechos de los titulares de las obras frente a terceros, en el que su representación se tiene delegada por su simple actuación. En el Perú existen siete SGC.
Durante el desarrollo de sus actividades, las SGC tienen la posibilidad de requerir el pago de las “remuneraciones” en favor de sus representados. Esto aplica frente a terceros que hacen uso de sus obras, ya que el titular o autor no puede estar presente en todos los espacios donde se utilicen.
Ahora bien, ¿Qué sucede cuando se realiza un cobro de la “remuneración” por uso de una obra de forma arbitraria?, ¿Es posible?, ¿Ante quién se denuncia?, ¿Existe legitimidad?. Todas estas interrogantes se buscarán contestar en el presente artículo.
En ese sentido, el presente artículo busca desarrollar un breve análisis respecto de un caso sometido a conocimiento ante el Indecopi. Asimismo, se resalta su relevancia en tanto se pudo estudiar, con mayor profundidad, un antecedente poco difundido para el momento. Siendo así, como primer punto, se introduce un resumen del caso, a fin de contextualizar. Posterior a ello, se observan cuestiones elementales del procedimiento en Derechos de Autor. Y, por último, se proyectan comentarios de manera conclusiva respecto al desarrollo de este análisis.
Analizar el tema de fondo conlleva, previamente, conocer cómo es un procedimiento en materia de derechos de autor, pues, conforme al Decreto Legislativo 822, Ley de Derechos de Autor (en adelante, DL822), su finalidad tiene por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas, y de sus derechohabientes; de los titulares de derechos conexos al derecho de autor, reconocidos en ella; y de la salvaguardia del acervo cultural.
Esta protección reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho, o el lugar de la publicación o divulgaciones.
En ese sentido, la autoridad competente para proteger los derechos de los autores o titulares de los mismos será, a través de la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi (en adelante, la Comisión), y este último realizará la resolución del caso en concreto, conforme al artículo 42.2, literal c, del Decreto Legislativo 10331.
El procedimiento en esta materia debe ser considerado como uno de carácter sancionador, en el que existe una parte presunta infractora y una parte denunciante (afectada). Sí bien pueden adoptarse medidas a favor de esta última, lo cierto es que, al final, la parte denunciada enfrenta la posibilidad de una sanción pecuniaria2.
En ese sentido, conforme al Decreto Legislativo 1033, en su artículo 38, se establece que los casos por infracción, iniciados a pedido de parte o por acción de oficio, siguen un trámite de carácter trilateral o sancionador promovido por la autoridad3. Existen, por ejemplo, solicitudes de nulidad de registro, que se rigen por una estructura trilateral; y también denuncias, en las que la autoridad promueve, inicia, imputa y resuelve las infracciones en la materia. Todo ello permite concluir que nos encontramos ante un mecanismo de naturaleza sancionadora.
Ahora bien, en materia de derechos de autor, las denuncias por infracción, ya sean a pedido de parte o de oficio, son todas aquellas disposiciones contenidas en el DL.822. Estas normas buscan proteger el derecho, los derechos de autores, titulares, derechos conexos, entre otros. Asimismo, respecto al procedimiento, esta nos remite a normas como el Decreto Legislativo 1033 y el capítulo V del Decreto Legislativo 807, pues, conforme al artículo 174 del DL. 8224, esta nos señala lo referido.
A modo de ilustración, se puede observar el siguiente diagrama respecto al trámite del procedimiento en esta materia5:

Para los procedimientos de oficio a iniciativa de la autoridad el esquema es el siguiente6:

Como bien puede observarse, las diferencias son mínimas entre un procedimiento de oficio, a pedido de parte o a iniciativa de la autoridad. Lo que sorprende es el incumplimiento de una garantía esencial mencionada en todo procedimiento sancionador, la cual consiste en no imponer condiciones menos favorables a los administrados. Adicional a ello, va en contra del debido procedimiento, pues sólo en caso de oficio la autoridad instructora emite un Informe Final de Instrucción (IFI), de acuerdo con los requisitos propios del artículo 255 del T.U.O. de la Ley 27444, lo cual conllevaría a que se notifique al administrado para poder pronunciarse dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.
De lo señalado, conforme he afirmado anteriormente, se tiene que los procedimientos en esta materia deben considerarse un sancionador puro. Asimismo, la aplicación del procedimiento no tiene un apartado especial en el DL. 822, sino que se remite a normas complementarias del Indecopi y, a falta de estas, al TUO de la Ley 27444.
No obstante, al no ser óbice de análisis del presente artículo, proseguiré a plasmar un caso donde se ha observado cómo una SGC ha sido denunciada por infracciones contrarias al DL 822.
2. Sobre el procedimiento 1972-2018/DDA, caso contra SGC.
Respecto al mismo, se indicarán las principales actuaciones del procedimiento, conforme se tiene del expediente, las cuales son transcritas:
“Con fecha 17 de agosto de 2018, Comercial El Siglo S.A.C. interpuso denuncia contra Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO (en adelante, Unimpro), por presunta infracción al artículo 41, literal d), del Decreto Legislativo 822, Ley de Derecho de Autor (en adelante, DL. 822), señalando lo siguiente:
Con fecha 24 de enero de 2019, Unimpro presentó sus descargos señalando lo siguiente: Las excepciones al Derecho de Autor deben enmarcarse en el supuesto establecido específicamente en la norma y no ir más allá de ello, toda vez que su interpretación es restrictiva. Los fines demostrativos para la clientela deben entenderse como el fin demostrativo de la calidad de un determinado equipo de sonido o televisor, por lo que debería estar relacionado con la solicitud de un consumidor quien acude a una tienda a efectos de escoger un determinado producto y solicita que el mismo sea probado a efecto de verificar sus características y ventajas sobre otros. Adjuntó como medios probatorios discos compactos de grabaciones realizadas.
Mediante Resolución N° 56-2019/CDA-INDECOPI de fecha 7 de febrero de2019, la Comisión de Derecho de Autor: Declare FUNDADA la denuncia interpuesta contra UNIMPRO, por infracción al artículo 41 literal d) del Decreto Legislativo 822. Sanciono a la denunciada con una multa de 2,5 UIT.
Ordeno el cese de la actividad ilícita, por la cual la denunciada deberá abstenerse de requerir a la denunciante el pago de remuneraciones por la comunicación pública de fonogramas realizada en el marco de la excepción establecida en el literal d) del artículo 41 del DL. 822. Ordeno la inscripción de la resolución en el Registro de infractores a la legislación sobre el Derecho de Autor.
Con fecha 8 de marzo de 2019, Unimpro interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: La denunciante se encuentra realizando actos de comunicación al público de producciones fonográficas que forman parte de su repertorio. La denunciante no ha presentado un medio probatorio en el cual se aprecie lo que señala respecto de que la comunicación al público de sus fonogramas se realiza únicamente con fines demostrativos y que dicha comunicación no es deliberadamente propalada al exterior, entre otros.
Con fecha 17 de junio de 2019, la denunciante presentó un escrito absolviendo el recurso de apelación presentado por la denunciada. Señaló lo siguiente: Los argumentos de la denunciada expuestos en su recurso de apelación no tienen sustento legal para contradecir lo resuelto por la Comisión. Su giro de negocio es la venta de toda clase de artefactos para el hogar en general.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala), mediante Resolución 1732-2019/TPI-INDECOPI confirmó lo resuelto por la primera instancia señalando, en esencia, por los siguientes fundamentos:
“En el presente caso, se ha verificado que la denunciante se dedica a la actividad de venta de artefactos electrodomésticos, la cual habría realizado la comunicación pública de obras musicales y/o fonogramas, según el Requerimiento de Pago N° 018943. Con fecha anterior al mes de agosto de 2018. Por lo tanto, se configura el supuesto previsto en la norma citada. En tal sentido, a continuación, corresponde determinar si la conducta de la empresa denunciante se encuentra comprendida dentro de los usos honrados, de acuerdo a lo previsto en el inciso 47 del artículo 2 del DL. 822, es decir, si no interfiere con la explotación normal de las obras ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del productor del fonograma o del titular del respectivo derecho. En el caso concreto, en opinión de la Sala, la comunicación pública de las obras contenidas en los soportes sonoros o fonogramas por la denunciante no ha interferido en la explotación normal de las mismas, sino que se trata de una medida o práctica necesaria para que los clientes de la denunciante puedan comprobar el funcionamiento de un equipo de sonido o un televisor, por ejemplo. En ese sentido, la comunicación pública que se habría dado en los establecimientos de la denunciante se encuadra dentro del supuesto de excepción o límite al Derecho de Autor previsto en el inciso d) del artículo 41 del DL. 822, de manera que dicho acto se encuentra exento de page de tarifa alguna a favor de Unimpro. En consecuencia, y dado que Unimpro requirió el pago por concepto de comunicación pública de fonogramas a la empresa Comercial el Siglo S.A.C-, se ha vulnerado lo dispuesto en el inciso d) del artículo 41 del DL 822.””7
Teniendo en cuenta lo señalado en el procedimiento materia de análisis salta a la vista una posibilidad, pero toca analizar sobre las Sociedades de Gestión Colectiva en forma general como la opinión del caso.
3. ¿EXISTE POSIBILIDAD DE DENUNCIAR A UNA SGC?
Previamente a poder analizar la cuestión del presente apartado, debe señalarse que las SGC tienen como potestad la de recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante la aplicación de las tarifas previamente publicadas, de acuerdo al inciso h del artículo 153 del DL. 8228.
Teniendo en cuenta que los titulares de las obras tienen derechos patrimoniales frente a los mismos, así como derechos morales, en caso sean también los autores de las obras, las SGC surgen para una protección adecuada de dichos derechos en distintos territorios nacionales donde no se encuentren los titulares de las obras.
En definición de la OMPI, se indica como “el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses9”.
Como tal, las ventajas que surgen con la SGC devienen en gran parte para el cobro, administración, representación y entrega de las regalías por el uso de las obras en favor de los titulares, teniendo una representación efectiva en distintos lugares donde se realice el uso de la obra.
Como tal, y siguiendo esta línea de análisis, podemos ejemplificar con el uso de la canción “Loba” de la artista Shakira, la cual suena tanto en radio, discotecas, fiestas y eventos similares. Si tuvieran que intervenir los titulares de las obras para defender sus derechos, solamente a nivel nacional, tendrían que solicitar el pago de regalías por el uso en mención de la canción todos los días en distintos lugares; sin embargo, con la intervención de APDAYC10 y otros SGC en el Perú esto se realiza de forma más eficaz.
Cabe recordar que las SGC son personas jurídicas del derecho privado sin fines de lucro las cuales administran, representan y recaudan como distribuyen las regalías a los titulares de las obras11 previa inscripción y autorización del INDECOPI.
En el Perú existen seis SGC los cuales son:
Ahora bien, vamos a resolver la cuestión del presente artículo. El Indecopi, en el procedimiento señalado en el acápite primero, indicó escuetamente que sí es posible. A mi opinión, concuerdo con lo señalado; aun así, desarrollaré un poco más el mismo.
Conforme al artículo 183 del DL. 822, se considera infracción a las vulneraciones de la ley en mención, de acuerdo a lo siguiente:
Artículo 183.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley. La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a la legislación en materia de derecho de autor y derechos conexos es objetiva.
¿Puede considerarse que toda la legislación en derechos de autor es una infracción? La respuesta es no, pues existen en el título preliminar artículos donde se desarrollan conceptos de la norma12. Adicionalmente, en otros artículos se encuentran supuestos de licitud de uso de obras. Por ende, es claro que lo señalado en el artículo en mención debe ser interpretado.
Sin embargo, si las SGC pueden ser pasibles de infracción por requerir pagos de remuneraciones, ¿cuáles serán sus límites? Esto será importante determinar conforme al DL. 822. Si bien representan los intereses de los titulares de las obras, intérpretes, ejecutantes y otros, debe ser conforme a lo referido en la misma. Es decir, requerir el pago sin extralimitarse de los actos que puedan ejercer y conociendo las limitaciones del uso de obras, conforme a los artículos 41 y siguientes, hasta el artículo 51, donde se establecen los supuestos para utilizar obras lícitamente, y en algunos casos, sin pago de remuneración.
Podemos señalar el caso del derecho a cita, donde puede usarse un breve extracto de una obra sin pago de remuneración y realizarlo lícitamente. Pero se debe indicar la fuente y el nombre del autor, en uso honrado y buscando un fin13 legítimo.
También se indica que las empresas de radiodifusión pueden realizar uso de una obra de radiodifusión, cuando tengan derecho a difundir, grabando efímeramente partes de la obra. Lo cual conllevará a que no se pague remuneración, y se considere lícito14.
Habiendo señalado de forma sucinta algunas limitaciones de protección de obras que deben considerar las SGC, en el caso en concreto del procedimiento contra UNIMPRO, se verificó si realizó el cobro de forma adecuada. Pues, al requerir el pago de remuneraciones a un establecimiento que se dedicaba a la venta de equipos sonoros, se analizó el inciso d) del artículo 41 del DL. 822, donde se refiere a las comunicaciones lícitas de obras en centros de comercio por soportes sonoros o audiovisuales, cuando la comunicación no sea deliberadamente al exterior.
El Indecopi señaló que UNIMPRO fue en contra del mencionado artículo y, como tal, debió ser sancionado. Concuerdo en la lógica e interpretación, pero en aplicación del principio de tipicidad administrativa, no podría interpretarse por analogía una infracción. Siendo así, debe existir un artículo propio donde se indique que el cobro indebido, fuera de las comunicaciones lícitas sin pago de remuneración, sea considerado una infracción.
Esto, como garantía propia del principio de presunción de licitud del derecho administrativo, donde la administración presume que los administrados actúan en cumplimiento de las normas administrativas y que están conforme a derecho15.
Adicionalmente, conforme al segundo párrafo del artículo 183 del DL. 822, la responsabilidad será objetiva. Esto significa que no importará si actuó el infractor con dolo o culpa. Esto conlleva a un análisis directo de un procedimiento sancionador, no existiendo posibilidad de atenuantes por una actuación culposa16. De esta forma, la actuación de la SGC deviene en una responsabilidad directa al incumplir una norma permisiva, donde se señala la posibilidad de reproducir obras en establecimientos de venta de equipos sonoros o audiovisuales, siempre que los mismos no se exterioricen deliberadamente afuera del mismo.
En ese sentido, si bien existe la posibilidad de denunciar a una SGC, debe aclararse de forma adecuada en un artículo dicha infracción, y no mediante una interpretación escueta por la autoridad administrativa (Indecopi).
4. CONCLUSIONES
El procedimiento sancionador en materia de derechos de autor, según el Decreto Legislativo 822, busca proteger a los autores y sus derechos conexos, garantizando sus derechos patrimoniales y morales. Este proceso se inicia con la presentación de una denuncia, que puede ser a pedido de parte o de oficio, y se caracteriza por ser sancionador, involucrando a la autoridad competente, el denunciado y el denunciante. La normativa establece plazos específicos para la presentación de descargos y la resolución final, lo que asegura un marco legal claro y ordenado para la resolución de conflictos en esta área.
Además, la interpretación restrictiva de las excepciones al derecho de autor es fundamental para garantizar que se respeten los derechos de los autores. En el caso presentado, se argumenta que los fines demostrativos deben estar claramente relacionados con la calidad de los productos y la solicitud del consumidor. Esto resalta la importancia de que las empresas y los consumidores comprendan las limitaciones y condiciones bajo las cuales se pueden utilizar obras protegidas, evitando así infracciones que puedan resultar en sancione pecuniarias.
Cabe destacar que la responsabilidad objetiva en materia de derechos de autor implica que las infracciones se sancionan independientemente de la intención del infractor. Esto significa que las entidades y personas deben ser extremadamente cuidadosas al utilizar obras protegidas, ya que la falta de conocimiento o la interpretación errónea de la ley no exime de responsabilidad. La claridad en la normativa y la educación sobre derechos de autor son cruciales para prevenir infracciones y fomentar un uso responsable de las obras.
Asimismo, el análisis del procedimiento sancionador en derechos de autor revela la complejidad y la importancia de la legislación en esta área. La existencia de un marco legal claro y procedimientos establecidos permite a los autores proteger sus obras y a los denunciados defenderse adecuadamente.
El procedimiento 1972-2018/DDA, iniciado por Comercial El Siglo S.A.C. contra UNIMPRO, resalta la importancia de la correcta aplicación de la Ley de Derecho de Autor, evidenciando la necesidad de un marco normativo claro que regule las relaciones entre entidades de gestión y los usuarios de derechos, así como la obligación de las partes de cumplir con los requisitos formales establecidos para garantizar un proceso justo y equitativo, señalando la posibilidad de denunciar a las SGC conforme al artículo 183 del DL. 822.
Por último, a pesar de lo señalado, considero que debe existir un artículo propio determinando responsabilidades específicas para casos similares en el DL. 822.
5. NOTAS DE PIE